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Piden el desafuero de un senador provincial salteño acusado de peculado

Un juez solicitó a la cámara de senadores de Salta el desafuero de un integrante del cuerpo imputado por peculado, por el desvío de fondos del municipio de Rosario de Lerma cuando él era el intendente, informaron fuentes judiciales.

El juez de Garantías 2, Ignacio Colombo, resolvió solicitar a la cámara de senadores de Salta el desafuero de Sergio Omar Ramos, del bloque del Partido Justicialista, acusado del delito de peculado.

Esta resolución, una vez firme, se notificará al Senado provincial, detallaron los voceros.

El pedido responde a la necesidad de proceder a la extracción compulsiva de fichas dactilares y confección del prontuario del actual senador del departamento de Rosario de Lerma.

En el fallo, el juez destacó que, atento al estado procesal de la causa, y antes de remitir la misma a juicio, en caso de corresponder, es ineludible contar con la identificación dactiloscópica del imputado, su planilla prontuarial y el informe del Registro Nacional de Reincidencia, lo que no pudo hacerse efectivo por la incomparecencia injustificada y continuada del acusado.

Además, Colombo dispuso, en el marco del artículo 122 de la Constitución provincial, que se haga conocer al Senado la acusación fiscal que pesa en contra de Ramos.

En junio de 2020, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke requirió al Juzgado de Garantías 2 la elevación a juicio de la causa contra el exintendente de Rosario de Lerma.

Según consta en el requerimiento, la conducta atribuida al imputado fue direccionada al desvío de fondos públicos que fueron transferidos por el Gobierno de la Provincia de Salta al municipio de Rosario de Lerma, en virtud de la gestión realizada por el imputado ante la Secretaría de Economía Social y Empleo del Ministerio de Trabajo.

Los fondos, por un monto global de $341.715, fueron liquidados al municipio a través de la cuenta corriente que posee en el Banco Macro, para la creación y puesta en funcionamiento de un proyecto de Empresa Social para la construcción de casas prefabricadas.

De las medidas dispuestas por la Unidad de Delitos Económicos Complejos, se pudo establecer que la obra que debía ejecutarse no se llevó adelante, ya que en el lugar donde debía concretarse no existen indicios que permitan inferir la realización de la obra, como así tampoco pudo comprobarse que la misma fuera llevada a cabo en otro sitio.

De la auditoría externa para determinar contable y financieramente todo lo referido al proyecto que fuera presentado por el imputado, pudo establecerse que con el dinero recibido únicamente se compraron tejuelines por un monto de $30.000, que fue la única erogación realizada, por lo que se desconoce el destino final de los otros $311.715.

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