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Condenado a 4 años de prisión por trata y explotación sexual en Corrientes

El Tribunal Federal de Corrientes condenó hoy a cuatro años de prisión a un hombre por trata y explotación sexual de mujeres de entre 13 y 16 años, informaron fuentes judiciales.

Juan Carlos Sosa, apodado «El tarta», fue condenado hoy a cuatro años de prisión por captar y tomar el control de mujeres vulnerables para explotarlas sexualmente en la ciudad correntina de Goya, entre los años 2016 y 2017.

Se trata de una causa iniciada con una denuncia anónima efectuada ante las autoridades el 21 de diciembre de 2016, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria inició la investigación sobre la explotación de una docena de mujeres de entre 13 y 16 años de edad, en un domicilio señalado como bar.

El 10 de agosto se allanó el lugar, ubicado en la calle Ferré entre Belgrano y Evaristo López del centro de la ciudad, donde se hallaron desde teléfonos celulares hasta fotografías de una mujer desnuda.

Asimismo, de la captación de diálogos telefónicos ordenados por la Justicia Federal se logró determinar que Sosa en persona se dedicaba a «ofrecer, captaba, recibía y trasladaba a mujeres con fines de explotación sexual», según indica el expediente al que tuvo acceso Télam.

En referencia a las mujeres, el Ministerio Público describió en el transcurso de la causa que se trata de personas que atravesaban situaciones de vulnerabilidad, mediante las cuales Sosa tomaba un «control» sobre ellas, indica la investigación.

«Esto se da debido a la situación económica precaria y a las necesidades por las que atraviesan y que en ocasiones realizarían la mencionada actividad para poder alimentar, alimentarse y adquirir medicamentos para sus familiares, entre ellos criaturas pequeñas», sostiene la investigación fiscal.

«El precio sería entre pesos trecientos y quinientos por pase. Que en ocasiones los traslados los efectuaba personalmente el imputado Sosa, en su moto-vehículo, hasta los domicilios de los potenciales clientes, lugares de alquiler por hora o hasta su propio domicilio», añade.

Si bien en su alegato el Ministerio Público, representado por el fiscal Carlos Schaefer y la auxiliar Tamara Pourcel, pidió seis años de pena, el tribunal de los jueces Víctor Alonso, Fermín Ceroleni y Manuel de Jesús Moreira, impuso cuatro años de prisión y ordenó el decomiso de bienes aun no especificados, pero que fueron utilizados en los delitos investigados.

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