La diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli denunció penalmente a la titular de la Administración Nacional de Aduanas, Rosana Lodovico, y a otros funcionarios de esa repartición, por un supuesto préstamo privado por 250 mil dólares con una empresa sospechada de contrabando.
La denuncia se basó en una investigación del diario La Nación, que reveló que Lodovico y su ex marido, Luis Antonio Bocassi, jefe de Encomiendas Postales Internacionales de la Aduana, recibieron un préstamo de la empresa Promarlon S.A., que dos meses antes había sido beneficiada con una moratoria para saldar deudas por operaciones internacionales no debidamente declaradas.
La denuncia también involucra a Alejandro Omar Lucano, identificado como “cuñado de Ludovico”, y Claudio Gabriel Szlaien, presidente de Promarlon S.A.
El préstamo, explicó la legisladora, estuvo destinado a la compra de “una casa de vacaciones en Canning y fue comprada mientras (Ludovico) ejercía funciones en la Aduana”.
Según la presentación, que quedó registrada con el número 1686/2024 y recayó en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, Lodovico fue funcionaria de la Aduana “durante la gestión de Sergio Massa y Guillermo Michel” y con el recambio de gobierno “fue ascendida como titular del organismo en la gestión de Javier Milei”.
Según Campagnoli, sobre la base del artículo periodístico, “la Aduana le dio el visto bueno (a Promarlon) para que no fueran condenados por contrabando y que pagarán en cómodas cuotas las deudas que tenía con dicho organismo”.
La diputada señaló que no está claro si Lodovico pagó el préstamo privado de una empresa que no estaba habilitada para ese tipo de operaciones, ni tampoco cómo quedó registrado el pago, ni a qué cotización del dólar.
Además, a través de otro de los denunciados, Campagnoli indicó una supuesta relación con Alfredo Lijo, el hermano del juez candidato a la Corte Suprema que resultó sorteado para entender en su denuncia.
Por los mismos hechos y sobre la base del artículo de La Nación, también presentaron una denuncia los integrantes de la Fundación Apolo -cercana al PRO- Yamil Santoro, José Magioncalda y Juan Martín Fazio.
Esa denuncia quedó registrada con el número 1687/2024, es decir que es posterior a la de Campagnoli y, por orden de prelación, la competencia queda fijada en el primer juzgado que recibió la presentación.
