«En todo el período objeto de investigación -años 2008 a 2015- los precios abonados por Enarsa sobre los embarques con GNL que amarraron en este país -puntualmente en los puertos de Escobar y Bahía Blanca- y los servicios de agenciamiento marítimo prestados a tales embarcaciones por la firma ‘Marítima Meridian SA’ -facturados a Enarsa (Energía Argentina SA)-, se ajustaron a los precios de mercado», sostuvo el juez en el fallo al que accedió Télam.
Los sobreseimientos dictados por Ercolini –vinculados al supuesto pago de sobreprecios- alcanzan también al exministro de Planificación Federal Julio De Vido; al exsecretario de Coordinación de ese ministerio, Roberto Baratta, y a los expresidentes de la ex Enarsa, Walter Fagyas y Ezequiel Espinosa, entre otros.
La medida clave para dictar los sobreseimientos fue un peritaje sobre los precios pagados para importar GNL, que en su momento el fallecido juez federal Claudio Bonadio se había negado a repetir luego de que fuera desestimada la pericia «trucha » -con fragmentos extraídos de la página de internet «Rincón del Vago»- elaborado por el ingeniero David Cohen, enjuiciado por falso testimonio.
En este expediente, en el que el fiscal Carlos Stornelli y Bonadio llegaron a tener por testigo al espía y falso abogado Marcelo D’Alessio, el magistrado llegó a procesar con prisión preventiva a la exmandataria ahora sobreseída.
«No restando medidas por producirse al respecto, se impone en este estado dictar el sobreseimiento de las personas señaladas respecto de los sucesos tipificados en el delito de asociación ilícita, de conformidad con lo normado por el artículo 336 inciso 4 del CPPN», sostuvo Ercolini tras descartar los sobreprecios.
Un tramo de esta causa ya había sido elevado juicio oral y público por Bonadio en diciembre de 2019: es la parte en la cual De Vido y Baratta, junto con Espinosa y los empresarios Roberto José Dromi (exministro de Obras y Servicios Públicas menemista) y Roberto Nicolás Dromi, estaban acusados por administración fraudulenta.
En ese pasaje de la causa, que está en manos del Tribunal Oral Federal 7, se investiga la supuesta contratación innecesaria de empresas de intermediación para la importación de GNL.
La causa del GNL es la que fue invocada por Stornelli y Bona
