El senador por la Unión Cívica Radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que rinda cuentas sobre el estado de implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF), sancionado por la Ley N.º 27.150 en el año 2015.
La legislación original de la ley establecía que su implementación quería en manos de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del CPPF, un organismo de carácter estrictamente parlamentario.
Sin embargo, en febrero de 2024, el Gobierno dictó un DNU por cual le transfirió al Ministerio de Justicia de la Nación todas las competencias de la Comisión Bicameral, entre ellas la de definir el cronograma de implementación.
La Comisión Bicameral, en el marco de sus atribución el 10 de junio de 2019, decidió que la jurisdicción correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, integrada por las provincias de Salta y Jujuy.
Esta fue la primera y, durante varios años, la única jurisdicción del país en adoptar de manera efectiva el nuevo régimen procesal.
Si bien Abad fundamentó su solicitud al sostener que comprende la facultad del Ejecutivo «para determinar el cronograma pueda estar justificado por la celeridad de su implementación«, consideró que el Congreso «debe contar con toda la información para poder monitorear» la implementación del CPPF.
Para el senador radical, esto quedó detallado en el inciso «e» de las atribuciones, que garantiza «el acceso a la información sobre los avances del proceso de implementación».
A su vez, el representante de la provincia de Buenos Aires afirmó que no está cumpliendo de «forma cabal«.
