El juez federal Sebastián Casanello no hizo lugar a un pedido de suspensión de la segunda audiencia programada para mañana en la causa donde se debate la legalidad y aplicación del llamado «protocolo antipiquetes» puesto en marcha desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, en el marco de un trámite de «habeas corpus».
El magistrado ratificó la convocatoria para mañana a las 11 en los tribunales federales de Retiro, en lo que será el segundo encuentro -el primero fue el miércoles pasado- entre las partes para exponer sobre el protocolo, antes de resolver en la causa, abierta por una presentación de legisladores de izquierda, informaron a Télam fuentes judiciales.
El magistrado rechazó declararse incompetente y un planteo de recusación en su contra.
La incompetencia fue apelada por el Ministerio de Seguridad y ahora pasó a estudio de la Cámara Federal porteña.
«En consideración a las características del procedimiento de habeas corpus, corresponde no hacer lugar al pedido para suspender la audiencia», explicó Casanello al desestimar un planteo al respecto del organismo que encabeza la ministra Patricia Bullrich.
La funcionaria asistió el miércoles de la semana pasada a la primera audiencia y defendió la aplicación del Protocolo, ante el juez, la fiscal del caso Paloma Ochoa y la legisladora Celeste Fierro (MST FITU) quien presentó la demanda, además de sus respectivos asesores legales.
El Ministerio de Seguridad cuestionó en la apelación a estudio de la sala II del Tribunal de Apelaciones que se haya dado procedimiento de «habeas corpus» a la demanda, porque «no hay personas detenidas» ni «una situación de urgencia».
«Es evidente que no se desprende del protocolo atacado la existencia de una amenaza ilegal cierta, concreta e inminente de restricción de la libertad de las personas en cuyo nombre se instó la acción originaria», argumentó además en el escrito al que tuvo acceso Télam.
El Ministerio pidió a la Cámara que suspenda la sustanciación del proceso hasta que se expida sobre la competencia y que «oportunamente se revoque la resolución apelada, se disponga la incompetencia» del magistrado y se remita el expediente a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional.
Por su parte, la diputada Fierro manifestó hoy que la audiencia «sigue en pie» ante los intentos del Gobierno por «aplazar un posible fallo en contra», en un comunicado en el que anunció para mañana a las 10 una conferencia de prensa y una radio abierta en la entrada de Comodoro Py 2002 junto a la letrada Mariana Chiaccio, del Centro de Abogados por los Derechos Humanos.
La semana pasada y de manera posterior a la audiencia, la Cámara Federal anuló una resolución de Casanello en la cual había exhortado al Ministerio a evitar colisionar con derechos constitucionales a la hora de aplicar el protocolo.
