El diputado liberal bonaerense Guillermo Castello presentó un proyecto de ley en la Legislatura con el objetivo de habilitar la construcción y administración privada de cárceles en la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa propone en su artículo 1 que el Estado provincial licite o concesione a privados “la construcción, modificación, operación y/administración de Unidades Penitenciarias”, aunque señala que no podrá delegarse a ese sector “el tratamiento y la rehabilitación de los internos y la seguridad y vigilancia de la población carcelaria”.
El proyecto también aclara que “los internos alojados” en estas unidades administradas por privados gozarían “de los mismos derechos y garantías” que tienen los que se encuentran en cárceles públicas.
Asimismo, señala que “en ningún caso las Unidades Penitenciarias administradas por operadores privados podrán obtener beneficios excesivos a expensas de la calidad de vida y el bienestar de los reclusos”.
La iniciativa de Castello también indica que las cárceles operadas por privados deberían “proporcionar informes periódicos y públicos sobre su funcionamiento”, en los que se incluyan datos sobre la población carcelaria y las condiciones de vida.
En tanto, el proyecto también prevé que haya una autoridad de aplicación que “llevará a cabo una evaluación periódica de la efectividad y eficiencia” de estas penitenciarias “en comparación con las administradas por el Estado”.
