La Sala II de la Cámara Federal ordenó este jueves la liberación de Roberto De La Cruz Gómez, la última persona detenida tras la represión a la manifestación contra la Ley bases el 12 de junio pasado, aunque seguirá sometido al uso de una tobillera electrónica porque el fiscal original del caso, Carlos Stornelli, inició una causa paralela.
De La Cruz Gómez, que estaba haciendo huelga de hambre en el penal de máxima seguridad de Ezeiza, formó parte del grupo de manifestantes apresados durante la protesta, que fueron públicamente acusados de cometer “actos terroristas” por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aunque esa acusación no fue corroborada.
Con los manifestantes detenidos, el Congreso sancionó, con cambios respecto del articulado enviado por el Ejecutivo, el proyecto. Los presos fueron recuperando la libertad por tandas: primero la jueza María Servini dejó en libertad a 17 y, unos días después, a otro 11, a todos los cuales les dictó la falta de mérito.
A la par, procesó a cinco detenidos con cargos de incendio y daño agravado, pero no de intimidación pública, como pretendía el gobierno. Esas personas fueron recuperando la libertad por tandas. La última de ellos fue Daniela Calarco Arredondo, cuyo procesamiento fue confirmado el mismo día que el de De La Cruz Gómez por la Sala II de la Cámara, integrada por los jueces Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun.
Miryam Bregman, abogada de DD.HH. y exdiputada del Frente de Izquierda, publicó en la red social X que “la Sala II de la Cámara Federal resolvió otorgar la excarcelación bajo el uso de un dispositivo electrónico de rastreo o de la ubicación física a Roberto, el último detenido por la manifestación contra la Ley Bases. Una vez implementado, ya no quedarán detenidos. Por eso, Stornelli está tratando de involucrar nuevas personas para mantener abierta la causa”.
De la Cruz lleva ya 84 días preso. A través de un comunicado, el diputado y jefe de la CTA Hugo Yasky reclamó por el hostigamiento que sufrió por parte de personal del Servicio Penitenciario cuando fue visitado por organismos de Derechos Humanos que le acercaron atención jurídica. Esa asistencia fue necesitaría, porque según contó De la Cruz, la Defensoría Oficial casi no lo atendió.
