El cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro llevó su enfrentamiento con Argentina a un límite inimaginable al acusar al gendarme argentino Nahuel Gallo de haber querido asesinar a la vicepresidenta del régimen Delcy Rodríguez.
Maduro no presentó prueba alguna de sus afirmaciones ni fundamentó las mismas. Además, involucró al gobierno argentino señalando que era parte de la “conspiración”.
“Algunos chillaron, como los argentinos, pero yo puedo decirlo hoy: nosotros a esa gente la estábamos esperando. Gracias a Dios, siempre tenemos que agradecerle a él, tenemos una inteligencia muy buena; ellos venían desde el sur de América con planes específicos para intentar atentar contra la vida de la vicepresidenta Delcy Rodríguez”, afirmó abiertamente en una transmisión de la televisión estatal venezolana.
“Es mentira que tiene una novia aquí, ese señor tiene su esposa en Argentina”, dijo en referencia a Gallo, quien se encuentra detenido en algún lugar de Caracas, ignorando que la esposa del gendarme se mostró en numerosas ocasiones reclamando la libertad de su marido.
“El Gobierno argentino está involucrado en los planes violentos de atentar contra la paz de Venezuela, así lo denuncio”, dijo Maduro, sin exhibir tampoco alguna prueba de tal aseveración.
De esa manera el régimen venezolano, a pocos días del fin del mandato de Maduro, reforzó la teoría conspirativa que esbozó el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, al apuntar que Gallo había llegado a Venezuela con fines de realizar tareas de espionaje.
El Gobierno argentino, rechazó de plano estas afirmaciones, señalando que se tratan de acusaciones infundadas y que “Gallo se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
El gendarme argentino fue detenido el 8 de diciembre de 2024 al intentar ingresar a Venezuela desde Colombia. Gallo, de 33 años, se desempeñaba en Mendoza y había viajado para reunirse con su esposa e hijo en Caracas. Las autoridades venezolanas lo acusaron de planear acciones desestabilizadoras bajo la apariencia de una visita familiar.
El gobierno argentino denunció la detención como arbitraria y exigió su liberación inmediata, calificando el hecho como una violación de los derechos humanos. La Cancillería presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional, argumentando que el caso se enmarca en un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
