«Pensando en todos los argentinos y argentinas que hoy son inquilinos, le pido al Congreso de la Nación que asuma la tarea de avanzar en los cambios que sean necesarios para mejorar la ley actual y generar un mejor acceso a la vivienda», aseveró el mandatario en su discurso ante la Asamblea Legislativa, al inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.
En ese tramo de su exposición, Alberto Fernández indicó: «Necesitamos reconocer también que hay problemas con el valor de los alquileres».
La actual normativa fue sancionada en junio de 2020 y estableció la extensión de los contratos de dos a tres años y la actualización anual de los valores -dejando de lado el esquema semestral que regía de hecho hasta la puesta en marcha de la nueva ley- a través de un indicador conformado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el de salarios (Ripte).
En junio del año pasado se comenzó a aplicar la actualización de valores de los contratos bajo el índice elaborado por el Banco Central (BCRA), que contempla la evolución de los salarios y la inflación anual.
Tras su instrumentación, se generaron una serie de dificultades que tienen que ver con el incremento anual de los montos de los contratos. En ese marco, las principales críticas provinieron desde el sector inmobiliario.
En noviembre del año pasado, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, había llamado a discutir en el Congreso una nueva ley de alquileres que brindara certezas al propietario y garantías y tranquilidad al inquilino, al considerar que la norma sancionada en 2020 había “fracasado”.
El mes pasado, desde la Secretaría de Comercio Interior se conformó una mesa de trabajo con representantes de inquilinos, inmobiliarias, desarrolladores urbanos, propietarios y organizaciones de la sociedad civil para analizar propuestas destinadas a dar una solución a la problemática de los alquileres en todo el país.
