A través de un comunicado, la Universidad de Buenos Aires explicó por qué el Poder ejecutivo, a través de la SIGEN, intenta intervenir en las universidades publicas para controlar lo que se enseña y aprende.
Asimismo, informó que realizará una convocatoria nacional e internacional para que profesionales independientes realicen una auditoría especial sobre su sistema de control interno y aclaró detalladamente cuáles son los mecanismos de auditoría a los que se somete regularmente en cumplimiento de las leyes vigentes. La UBA señaló que defenderá el principio de la Libertad de cátedra utilizando todos los medios y recursos q estén a su alcance.
“SÍ a las auditorías, NO a la intervención del Poder Ejecutivo a las universidades públicas” es el título del documento a través del cual la UBA detalla cómo rinde sus gastos regularmente mediante todos los mecanismos que marca la legislación vigente y la convierte en uno de los entes más auditados y controlados del sector público. Se explica, además, que solicitó formalmente a la Auditoría General de la Nación (AGN), dependiente del Congreso de la Nación, que la vuelva a incluir en el Plan de Auditoría 2025, así como lo hizo en los años anteriores. Además, enuncia que decidió “realizar una convocatoria nacional e internacional para que profesionales independientes realicen una auditoría especial sobre el sistema de control interno de la universidad”, a fin de seguir brindando información transparente y de acceso público a la ciudadanía.
Por otra parte, señala que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) no posee las competencias para auditar a las universidades nacionales, ya que: “El artículo 98 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156 dice en términos indudables que la SIGEN puede controlar a las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado que dependan del mismo”.
Denuncia que detrás de las acusaciones de falta de transparencia, hay un “ataque ideológico a la idea misma de la universidad libre, gratuita, y masiva” y manifiesta que el Poder Ejecutivo quiere controlar la libertad académica.
Asimismo, subraya que la autonomía “protege el derecho a la educación universitaria libre y gratuita de todas y todos los argentinos; y la resguarda de la intervención y arbitrariedad de los gobiernos de turno” y que sin ella, “no hay educación libre” porque “se enseña lo que el gobierno de turno quiere, cuando el gobierno quiere, donde el gobierno quiere, y a quienes el gobierno quiere”.
Por lo tanto, la UBA resolvió, además de solicitar una auditoría externa independiente, “llevar la controversia respecto a quién debe ejercer el control interno sobre las casas de altos estudios ante el Poder Judicial, único órgano que la Constitución consagra para resolver este tipo de conflictos y aplicar debidamente la ley”.
