El anuncio de una profunda reforma en el sistema de inteligencia nacional a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) desató un fuerte rechazo de los bloques opositores en el Congreso.
Los cuestionamientos se centran en el DNU 941/2025, que otorga a la SIDE facultades para aprehender personas en casos de flagrancia y califica todas sus actividades como «encubiertas», lo que para diversos sectores representa la instauración de un «Estado policial».
Desde el kirchnerismo, el diputado Leopoldo Moreau denunció que la medida «clausura la conducción civil de la inteligencia» y crea de facto una «policía secreta».
En sintonía, el exministro de Defensa Jorge Taiana alertó que la disolución de los organismos de control civil sobre la inteligencia militar busca convertir a las Fuerzas Armadas en una «Guardia Nacional» subordinada a tareas de seguridad interior.
Por su parte, el socialismo y la Coalición Cívica señalaron que el decreto es una herramienta para el «espionaje político», ya que define de manera ambigua las amenazas a la seguridad nacional.
La disputa se trasladará ahora al ámbito legislativo, donde la Comisión Bicameral de Inteligencia prevé formalizar este viernes un pedido de informes al Poder Ejecutivo.
Dirigentes como Maximiliano Ferraro (CC) y Esteban Paulón (Socialismo) exigieron el tratamiento inmediato del decreto en ambas cámaras para proceder a su rechazo, argumentando que una reforma de tal sensibilidad estratégica no puede ser impuesta sin debate parlamentario.
Mientras tanto, el PRO mantiene un cauteloso silencio, aunque sus referentes en la comisión fiscalizadora ya coordinan acciones para auditar el alcance de los nuevos cambios.
