El llamado proyecto de ley Ómnibus, con el que el Gobierno volverá a la carga luego de la Semana Santa luego del fracaso del primer intento, será debatido en una mayor cantidad de comisiones y podría tener un trámite exprés durante abril.
De todos modos, la celeridad que se le imprima al debate estará subordinado al marco de acuerdos que el Gobierno pueda entablar con las provincias en una ventana de tiempo no demasiado grande.
Así lo entiende un diputado nacional de La Libertad Avanza. «Es elemental lo que acuerden (el ministro de Interior, Guillermo) Francos y (el jefe de Gabinete, Nicolás) Posse con los gobernadores», sinceró el legislador oficialista, temeroso de que esta ley ómnibus Bis corra la misma suerte que la primera edición si no se corrige el modus operandi.
Para este legislador oficialista, «si no hay acuerdo en el pacto fiscal con las provincias, no habrá Pacto de Mayo».
«Lo que se tiene que entender desde el Poder Ejecutivo es que el recorte a las provincias fue necesario pero duro, y debe haber un alivio fiscal para las provincias», opinó.
Los votos de los diputados que responden a gobernadores de la oposición será fundamental para saber cómo se inclinará la balanza.
La votación en general está garantizada sobre la base de los 144 votos que logró en la primera sesión de la ley ómnibus.
La experiencia enseña que el partido no termina allí, y sigue jugándose en la prórroga que es la votación en particular, donde el oficialismo deberá seguir metiendo goles y aguantando en su arco para evitar que le desguacen lo que consideran el corazón del proyecto, como ya sucedió en febrero pasado.
Durante el período de sesiones extraordinarias, el Gobierno ingresó en la Cámara de Diputados un mamotreto de 664 artículos que fue desmalezado a partir del diálogo con bloques dialoguistas pero el nivel de acuerdos fue insuficiente.
El resultado dejó al desnudo la falta de muñeca del Gobierno, que depositó su confianza ciega en «las fuerzas del cielo», creyendo que «la política» (como llama por momentos el Gobierno a la oposición) iba a interpretar ese mandamiento sumisamente.
Tras la votación en general positiva, sectores de la oposición impugnaron incisos clave para el Gobierno y se preparaban para otro embate en el capítulo de privatizaciones. Leyendo la partida en el tablero, y haciendo un cálculo de costo-beneficio, el presidente Javier Milei ordenó desde el exterior retirar el proyecto Bases, que volvió a foja cero.
Con esa frustración y ese aprendizaje en la mochila, el Gobierno ajustará tuercas en la negociación política y por lo pronto ya quitó de la redacción artículos que generaban interferencia y enturbiaban la posibilidad de llegar a acuerdos.
Con el apoyo garantizado del PRO, que a esta altura puede decirse que es una fuerza oficialista más, Francos se reunió con los líderes de los bloques dialoguistas (UCR y Hacemos Coalición Federal) y también con gobernadores para comprometer su apoyo a la ley ómnibus. Ese tipo de encuentros se repetirán porque la idea es que esta vez no queden cabos sueltos.
Una de las certezas que dejaron esos primeros encuentros es que el debate pasará por más comisiones que las tres que trabajaron durante el verano en torno a la ley Bases, que fueron Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto.
Según el diputado de La Libertad Avanza consultado por Noticias Argentinas, también podrían intervenir Finanzas, Seguridad Interior, Legislación Penal, Narcotráfico y Adicciones y Relaciones Exteriores.
Además podría acoplarse la comisión de Previsión y Seguridad Social en caso de que la reforma de la fórmula de movilidad jubilatoria, que se adelantó a través del dictado de un DNU, tenga un reflejo legislativo y sea incluida dentro del combo de la ley Bases.
El otro tema de enorme sensibilidad tiene que ver con el impuesto a las Ganancias, que pasaría a denominarse impuesto «a los ingresos personales».
La restauración de este tributo estaría incluida dentro del paquete fiscal, que volverá a entrar en escena en la ley ómnibus bis luego de que en la primera edición fuera
extirpado por el Gobierno, para sorpresa de propios y ajenos.
Lo que queda claro para el legislador oficialista es que con una inflación acumulada del 60% el mínimo no imponible no podrá estar por debajo del millón y medio de pesos y podría ampliarse hasta un 1.800.000.
«No hay consenso acá (en el Congreso) para que se establezca en 1.300.000», advirtió, poniendo en entredicho una versión que había dejado correr el Gobierno semanas atrás sobre la reposición de Ganancias.
