El viaje a Lago Escondido de jueces, funcionarios macristas y directivos de Clarín tiene su foto. Los protagonistas del vuelo del escándalo aparecen todos juntos en el aeropuerto, con sus valijas y bolsos de mano, en octubre pasado.
La imagen en cuestión, que fue dada a conocer por la periodista Rosario Ayerdi, muestra a los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials y Carlos Mahiques; al ministro de seguridad y justicia de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro; el jefe de los fiscales porteños, Juan Bautista Mahiques; el empresario de medios Tomás Reinke y al ex agente de la exSIDE Leonardo Bergoth, recibidos en el aeropuerto por Jorge Rendo y Pablo Casey, directivos del multimedio.
El documento es una prueba más que demuestra que el viaje organizado por Clarín existió, y que los funcionarios judiciales y del gobierno porteño se reunieron después en la estancia del magnate inglés Joe Lewis, muy cercano a Mauricio Macri.
Para la fiscal de Bariloche María Cándida Etchepare es sospechoso que todos los jueces involucrados hayan manifestado que pagaron sus pasajes en efectivo el mismo día del vuelo.
Etchepare recibió información de la empresa Flyzar, perteneciente a Gustavo Fernando Carmona, sobre cómo se realizó y pagó el cuestionado viaje a Lago Escondido. Según dice el escrito de imputado, la firma entregó «las copias de las facturas emitidas en favor de los denunciados muchas de ellas datadas el mismo 13 de octubre por la suma de 120 mil pesos, a excepción de Bergroth (el ex agente de la SIDE) de fecha 17 y 19 del mismo mes por la suma de $120.000 y $60.000, respectivamente».
Para la fiscal «llama la atención que en todos los casos los pagos figuran como efectuados en la modalidad contado y que el pago se realizara el mismo día del vuelo».
En base a estos elementos de prueba, Etchepare pidió a la Justicia que se investigue por el delito de aceptación de dádivas al grupo de magistrados, funcionarios porteños, empresarios de medios de comunicación y un exagente de inteligencia por el delito de «aceptación de dádivas».
Los involucrados mantuvieron conversaciones en un grupo de chat, en el cual se coordinaban estrategias para dar versiones falsas sobre los motivos de ese viaje, según se desprende del contenido de los mensajes que intercambiaron y que trascendió en los últimos días en varias informaciones periodísticas.
La historia arranca cuando se difunde la planilla de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) que revela que un grupo de jueces y fiscales viajaron en un vuelo privado financiado por Clarín a Lago Escondido, la estancia del magnate inglés Joe Lewis.
¿Qué fueron a hacer? ¿Por qué los involucrados se preocuparon tanto por apretar y operar a periodistas? Si no tenían nada que ocultar, ¿cuál era el problema? En realidad, el problema es que había un conflicto de intereses entre ejecutivos del poderoso multimedio y los funcionarios judiciales que no podían explicar qué hacían en ese lugar.
No hay que pasar por alto un dato: el kirchnerismo siempre dijo que el grupo Clarin acuerda con los jueces para perseguir y armarle causas a CFK, y este viaje en un jet privado no hace otra cosa que alimentar las sospechas.
En uno de los chats, Leonardo Bergoth, ex jefe de legales de la exSide, le pregunta al juez y ex ministro de Justicia bonaerense, Carlos «Coco» Mahiques, lo siguiente: «‘Coco’, ¿no habrá ningún fiscal amigo, que de oficio, al ver la publicación de la lista dando vuelta, nos clave una denuncia, más allá de si esto es cierto o no?»
En los mensajes queda en evidencia que los funcionarios judiciales buscan encubrir el viaje porque hay un claro conflicto de intereses, pero además se plantean hacer un contrataque contra la difusión de la planilla de la ANAC para evitar que se investigue.
Los chats también dan cuenta de la aparición de una fiscal amigable (María Candida Echepare, de Bariloche) con clara intención de beneficiarlos. Nicolás Vanditmar, el administrador de la estancia de Joe Lewis, fue enviado por los participantes de la reunión en Lago Escondido para declarar con el objetivo de distraer y que la causa se cierre.
En otro de los chats, el juez Penal en lo Económico, Pablo Yadarola dice: «Si están de acuerdo y se tratase de lo mismo, Nico, el administrador de la estancia, tendría que llevar las facturas y decir que ellos prestan servicios turísticos en general para terceros, que nos alojamos en casas secundarias preparadas para tal efecto así desterramos la idea de que dormimos en la cama de Lewis, y que nos dieron servicio de guía de montaña, que es lo que fuimos a hacer, así tienen un motivo o explicación de viaje».
Para entender: tres jueces federales utilizaron sus conocimientos para falsear y armar una coartada para que no los descubrieran teniendo una vacaciones con ejecutivos de un grupo empresario poderoso que les hubiera provocado un conflicto de intereses. Esto es lo que revelan estos chats.
