El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta avanzó con la persecución judicial a los padres de los alumnos que participaron de las tomas de las escuelas, por las pésimas condiciones edilicias, las pobrísimas viandas que ofrecen y la obligatoriedad de participar en pasantías no rentadas lavando platos o limpiando habitaciones en hospitales.
Cuando comenzaron las tomas en las escuelas, la Ciudad decidió denunciar penalmente a los adultos responsables de los estudiantes que hubieran participado de las mismas, en tal sentido la Procuración General de la Ciudad ya realizó 25 denuncias penales a 366 adultos responsables.
Además, el Ministerio de Educación porteño envió a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires un informe técnico que cuantifica el valor correspondiente al pago diario de salarios de personal de las escuelas tomadas, para transferirles a los adultos responsables el costo laboral que implicó tener cerradas las escuelas.
En este sentido, ya están en curso 21 denuncias por daños y perjuicios por los días de clase perdidos, por un monto que asciende a $50.538.442,85.
“Nuestra obligación como adultos es enseñarles a los chicos a dialogar y a participar, pero entendiendo siempre que hay otros derechos que deben respetarse y que todas esas diferencias deben poder convivir en una misma sociedad”, expresó la titular de la cartera educativa porteña, Soledad Acuña.
