El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso una serie de medidas para investigar las comunicaciones telefónicas y reuniones del expresidente Mauricio Macri entre junio y noviembre de 2018, en el marco de una causa en la que se lo investiga por supuestas maniobras de espionaje ilegal.
El magistrado hizo lugar a las medidas de prueba propuestas por el fiscal Franco Picardi, quien había requerido que se identificaran las líneas telefónicas que utilizaron Macri y varios exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de su gobierno.
El juez remitió oficios a distintas empresas de telefonía celular para que para que envíen «los registros de titularidad de todas aquellas líneas telefónicas asociadas» a Macri, al exjefe de la AFI, Gustavo Arribas; la exsubdirectora de ese organismo Silvia Majdalani, y a los exfuncionarios de la central de espías Alan Ruiz (Operaciones Especiales), Juan Sebastián De Stéfano (Asuntos Jurídicos) y Bernardo Miguens (Oficios Judiciales).
También pidió a la Agencia Federal de Inteligencia que «brinde detalle de todas las líneas telefónicas institucionales oportunamente asignadas» a las mismas personas, según surge de las resoluciones a la que tuvo acceso Télam.
El juez Martínez de Giorgi también le pidió a la jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación que «aporte los registros completos de ingresos y egresos a la Quinta Presidencial de Olivos y a la Casa Rosada, entre los meses de junio y noviembre del año 2018″ de Arribas, Majdalani, De Stéfano y Miguens (DNI 33.079.949).
«También, deberán detallarse todos los ingresos que se produjeron en ambas sedes, en aquellos días en los que se verifiquen visitas de las personas nombradas», requirió el juez en el oficio al que accedió esta agencia.
