La jueza federal María Servini ordenó anoche la libertad de 17 personas que habían sido arrestadas durante los incidentes que se produjeron en las inmediaciones del Congreso por la Ley Bases, en cambio, rechazó la excarcelación sobre las otras 16 detenidas.
La magistrada se basó en la ‘falta de mérito’ para otorgarles la libertad a la mitad de los aprehendidos, pero denegó el mismo beneficio para el resto, ya que hay evidencia fílmica y fotográfica sobre su responsabilidad en los desmanes ocurridos el miércoles pasado.
Entre los retenidos está Cristian Fernando Valiente, quien tenía en su poder una granada de mano al momento de su detención.
Servini había indagado en las últimas horas a todos los arrestados, y los incriminó de haber atentado contra el orden constitucional.
La jueza aceptó la calificación que había propuesto el fiscal Carlos Stornelli, quien acusó a los reos de diversas infracciones, desde «lesiones» hasta «delitos contra los Poderos Públicos y el Orden Constitucional».
Por su parte, la vicepresidente Victoria Villarruel -quien debió desempatar para que se apruebe la Ley Bases el día de los disturbios-, presentó una denuncia en el juzgado de Servini por lo que considera «un ataque contra el ejercicio democrático».
Villarruel se apersonó como querellante y señaló en su denuncia que los hechos acaecidos «no tendrían otro objetivo más que interrumpir la sesión», y en ese sentido culpó a sectores vinculados al kirchnerismo.
En tanto, el legislador porteño Yamil Santoro había denunciado por «terrorismo» a los implicados en los disturbios.
En el escrito Santoro explicó que la denuncia es por la posible comisión de los «delitos de lesiones, daños a fin de impedir el ejercicio de la autoridad; tenencia de armas, atentado y resistencia a la autoridad, y contra los poderes públicos y el orden constitucional; todos ellos agravados por terrorismo».
