Tras la polémica abierta por la decisión del Gobierno de Salta de avanzar en la construcción de un alambrado divisorio en la frontera con Bolivia, el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, argumentó que el objetivo es evitar la expansión de la “narcofrontera”.
“Aparecían decapitados, gente ejecutada con precintos en las espaldas, mexicaneadas, sicariatos, era un descontrol», relató en declaraciones radiales, y agregó: «Por eso, el gobernador de la provincia pide asistencia a la Nación y con la ministra Bullrich lanzaron el Plan Güemes”.
En la misma línea, aseguró que se trata de una medida más enmarcada dentro del Plan Güemes direccionado a combatir al narcotráfico que, según expresó abalanzaba a sobre distintos entes civiles como ambulancias, bomberos voluntarios y camionetas de la policía de la provincia.
Zigarán reveló además que el alambrado tendrá 200 metros de ancho que irán desde la terminal del pueblo a la oficina de Migraciones, que contará con dos metros y medio de alto, y que se utilizará para “evitar que la gente pase hacia Bolivia sin hacer migraciones”.
“En Aguas Blancas, la oficina de migraciones está a 200 metros de la terminal del pueblo, y esto paralelo al Río, por eso, todos llegan a la terminal, saltan un pequeño muro y salen a Puerto Chalanas y cruzan a Bolivia para comprar. No pasan ni por migraciones de ida ni de vuelta. Tampoco Aduana. Entran y salen ilegales”, denunció.
Luego de las críticas de la Cancillería boliviana, el interventor aseguró que el gobierno que lidera Luis Arce Catacora “está mal informado”, y reclamó la presencia de personal de Aduana y de seguridad en las fronteras.
“Qué bueno que ahora se preocupen porque desde que se lanzó el plan, tenemos dos pasos, dos controles integrados, y nosotros ponemos cuatro trabajadores de Aduana mientras Bolivia tiene solo uno”, cuestionó, y concluyó: “Lo que genera es un cuello de botella por eso reclamamos que pongan más gente. Realmente Boliviano presta la colaboración adecuada para descomprimir”.
