El Gobierno avanza con la puesta en marcha del nuevo modelo de obra pública y dispuso lineamientos para instrumentar la finalización del plan “Argentina Hace”, creado durante el mandato de Alberto Fernández.
El objetivo del Ejecutivo es evaluar los proyectos en ejecución para determinar el nivel de cumplimiento, el otorgamiento de fondos y si es necesario que se finalicen con financiamiento nacional o si corresponde el traspaso a las provincias o municipios respectivos.
Las directrices fueron estipuladas por el Ministerio de Economía mediante la Resolución 452/2024, publicada este martes en el Boletín Oficial, considerando que “resulta pertinente establecer lineamientos respecto de los proyectos u obras que se encuentren en curso de ejecución en el marco del “Plan Argentina Hace” que deberán seguir la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Economía, sus dependencias o los organismos que funcionan en su órbita, como paso previo a dejarlo sin efecto”.
El Gobierno argumentó los lineamientos sosteniendo que desde su asunción “se han tomado distintas medidas que tienden a lograr una mayor eficiencia y eficacia en la gestión del estado nacional” y recordó que con el DNU 70/23 “se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025, ante la severidad de la crisis que atraviesa el país”.
Asimismo, retomó parte de lo expuesto por el mencionado decreto señalando que “ningún gobierno federal ha recibido una herencia institucional, económica y social peor que la que recibió la actual administración por lo que es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece, especialmente, como consecuencia de un conjunto de decisiones intervencionistas”.
A partir de esto, manifestó que “se considera necesario dejar sin efecto determinados programas que se llevan adelante en la órbita de este Ministerio que no responden a los criterios de eficiencia en el funcionamiento del sector público que este contexto requiere”.
