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El Consejo de la Magistratura interviene por las visitas reiteradas de jueces a Macri en Olivos

La revelación de que jueces y fiscales realizaron visitas reiteradas a la quinta presidencial de Olivos para encontrarse con Mauricio Macri entre 2015 y 2019 generó fuertes cuestionamientos por parte de legisladores del oficialismo, quienes anunciaron que impulsarán una comisión investigadora en el Congreso y que promoverán la revisión de esas conductas en el Consejo de la Magistratura.

Desde el plano legislativo, el titular de la bicameral de monitoreo a organismos y actividades de Inteligencia, el diputado Leopoldo Moreau (Frente de Todos-Buenos Aires), adelantó que promoverá la creación de «una comisión investigadora muy amplia» para investigar estos episodios ya que, a su entender, se trata de un «escándalo de proporciones».

«Esto va a tener consecuencias muy graves», alertó asimismo Moreau, para quien las visitas recurrentes de algunos jueces a Olivos «confirman que Macri era el articulador de esta política de persecución». «El Consejo de la Magistratura va a tener que intervenir», advirtió por último en declaraciones radiales.

En el caso del organismo que analiza el desempeño de los magistrados, el consejero y juez de la Cámara Federal de San Martín Alberto Lugones -quien ocupa la vicepresidencia del cuerpo, por detrás del titular Diego Molea- aseguró hoy que el Consejo «le pedirá explicaciones» a los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos por asistir a la quinta de Olivos para reunirse con Macri durante la gestión de Cambiemos.

En el caso de Borinsky se trata de al menos 15 visitas a la residencia presidencial, realizadas entre 2016 y 2019, reveladas tras un pedido de acceso a la información pública realizado por el portal de noticias El Destape, mientras que Hornos, titular de Casación, tiene registradas dos visitas a la quinta de Olivos (que se suman a otros seis ingresos a la Casa Rosada, ya conocidos, entre 2015 y 2018, que motivó una denuncia pública del hoy ministro de Justicia, Martín Soria).

«Se verá si existe algún tipo de falta que merece una sanción», adelantó Lugones, quien además planteó que en el caso de que los magistrados en cuestión «no tengan explicaciones para dar, se avanzará» con los procedimientos previstos por el Consejo de la Magistratura, para lo cual, detalló, se revisarán «los datos que figuran (en las planillas de registros de visitas a Olivos)» con el objeto de determinar si esas visitas «tuvieron que ver con resoluciones judiciales tomadas».

«En el Código Procesal Civil dice que es causal de juicio político o de alguna sanción disciplinaria que habría que estudiarla en el momento en que el tema se plantee en el Consejo», agregó el vicepresidente del Consejo de la Magistratura.

Además, Lugones planteó que las visitas reiteradas y habituales de un magistrado a Olivos pueden derivar en que alguna de las partes que se haya visto afectada por una resolución dictada por ese mismo juez plantee la nulidad de ese acto procesal con el recurso de la ‘cosa juzgada írrita’ y con el argumento de que «había un vicio que impedía que el magistrado se expidiera en ese expediente».

Desde una posición similar a la de Lugones, el fiscal de la Seguridad Social Gabriel de Vedia señaló a Télam que «los magistrados que fueron a este tipo de reuniones, que exceden el marco institucional, sobre todo a la residencia de Olivos, deberían dar una explicación en el marco correspondiente: sería saludable que lo explicaran en el Consejo de la Magistratura».

«La Constitución permite el diálogo institucional que se da entre los titulares de algún poder del Estado, y recordemos que el Estado tiene cuatro poderes: el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Ministerio Público de la Nación. Sin embargo, estas visitas que ahora salen a la luz no se dieron en ese marco de diálogo institucional, y el marco no permite tener una opinión satisfactoria de ellas», afirmó De Vedia.

«Uno de los motivos aparentes de estas visitas fueron prácticas deportivas como jugar al tenis o al fútbol, por lo que queda de manifiesta una mayor relación o habitualidad en esa relación, incluso hasta camaradería o cierta amistad, lo que no es saludable para la división de poderes y para los frenos y contrafrenos que tienen que existir institucionalmente», agregó el fiscal en diálogo con esta agencia.

Desde el Congreso, el diputado Rodolfo Tailhade (FdT-Buenos Aires), quien integró el Consejo de la Magistratura y desde marzo de 2020 encabeza la comisión de Justicia de la Cámara Baja, afirmó a Télam que a partir de esta revelación el organismo que evalúa el desempeño de los jueces profundizará «la investigación que ya se está llevando contra el juez Hornos» por sus visitas a la Casa Rosada pero además «debería abrirse una nueva contra el juez Borinsky».

«Si esto último no se concreta en un plazo breve, la voy a impulsar yo, porque ambas son situaciones gravísimas», añadió Tailhade, para quien el señalamiento realizado por Borinsky al responder sobre sus visitas a Olivos durante la administración de Cambiemos (dijo que iba a jugar al paddle) «ofende a la inteligencia».

«Más allá de lo que diga Borinsky, en la causa por espionaje de Lomas de Zamora existe una anotación obtenida del teléfono celular de Darío Nieto, que no está procesado pero sigue bajo investigación, de la que surge claramente que Macri tenía agendada una reunión con Borinsky cuyo tema era una denuncia penal y administrativa», aseguró Tailhade, para quien eso demuestra que las visitas del juez de Casación a la quinta de Olivos no se limitaban a cuestiones deportivas o sociales.

Mientras Macri ejerció la Presidencia, Darío Nieto fue su secretario privado y, como tal, era quien le organizaba las reuniones y le armaba la agenda.

«En una reunión de Borinsky con Macri, para esa fecha y con ese temario, sólo se podría hablar de las causas contra Cristina Fernández de Kirchner o contra los propietarios del Grupo Indalo», analizó el diputado del FdT.

Además, al igual que Lugones, Tailhade advirtió que los repetidos ingresos a la residencia de Olivos de magistrados y fiscales en ejercicio, que intervinieron o deben hacerlo en causas relevantes, «pueden significar la nulidad de muchas decisiones».

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