Así quedó establecido en una resolución de la IGJ, a la que tuvo acceso Télam, en la que se explica que la empresa quedó bajo la lupa del organismo luego de que trascendiera una supuesta relación comercial con la carpintería de Jonathan Morel, el referente de Revolución Federal, ahora investigado por la justicia.
“Desde su misma constitución, acaecida en el año 2004, esto es, hace más de 18 años, la sociedad CAPUTO HERMANOS SA jamás presentó sus estados contables a esta Inspección General de Justicia”, se señaló en la resolución de la IGJ que lleva la firma del titular del organismo, Ricardo Nissen.
También la IGJ remarcó que «la sociedad CAPUTO HERMANOS SA solo inscribió sus autoridades originales en el año 2004, el directorio electo en los años 2005 y 2015 (quince años después) y 2021, incumpliendo con dicha registración los años 2007, 2010, 2013 y 2018».
Caputo Hermanos S.A. está además bajo investigación judicial en el marco de una causa penal: el juez Marcelo Martínez de Giorgi, a instancias del fiscal Gerardo Pollicita, dispuso la semana pasada el allanamiento de sus oficinas en el marco de la causa en la que se investiga a distintos referentes del espacio conocido como Revolución Federal.
El vocero de ese espacio, Morel, y otros tres integrantes de Revolución Federal están detenidos y acusados de haber incitado a la violencia colectiva e intentado imponer sus ideas y combatir las de otros por medio de la fuerza e infundiendo temor: una de sus consignas era la de “perseguir kirchneristas”.
Fue en ese expediente que se detectó que Caputo Hermanos, a través de dos fideicomisos, había contratado a la carpintería de Morel y le había transferido sumas millonarias en pesos: lo que la justicia investiga ahora es si ese dinero fue destinado a muebles o si sirvió para financiar a Revolución Federal.
