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Política

Destituyeron e inhabilitaron al juez que no quiso detener a Hugo y Pablo Moyano

El jurado de enjuiciamiento que llevaba adelante el jury contra el juez de Garantías de Avellaneda Luis Carzoglio decidió hoy la destitución e inhabilitación del magistrado, suspendido en sus funciones desde 2018.
Carzoglio fue suspendido en 2018 tras negarse a cumplir con un pedido de detención contra los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano por supuesta administración fraudulenta en el Club Atlético Independiente.

Tras la declaración de 85 testigos -55 de los cuales fueron propuestos por la defensa del magistrado, encabezada por el abogado Diego Raidán-, el jurado destituyó a Carzoglio como juez de Garantías del Departamento Judicial Avellaneda Lanús.

Horas antes, en una carta difundida por WhatsApp, el magistrado indicó que el veredicto «resolverá acerca de su regreso a la Justicia o su alejamiento definitivo de ella» y que «la jornada marcará el final de una historia en su vida» y el «comienzo de otra».

Carzoglio dijo que suceda lo que suceda a él lo seguirán «viendo caminar las calles de Avellaneda, siempre en contacto con la realidad, como vecino, juez, abogado, padre y abuelo de familia, o en el lugar que Dios me tenga reservado para seguir cumpliendo con mi misión».

«Ojalá vuelva a mi querido Juzgado, lo deseo de corazón», destacó el magistrado.

Carzoglio denunció que durante el Gobierno de Mauricio Macri, y tras rechazar el pedido de detención que el fiscal Sebastián Scalera pidió para Pablo Moyano, dos agentes jerárquicos de la AFI, Rubén Di Pasquale y Juan Sebastián De Stéfano, le pidieron la detención de los sindicalistas e, incluso, le entregaron un borrador de la resolución que debía firmar.

Tras esa negativa, Carzoglio fue denunciado por el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, por presuntas irregularidades en el desempeño de su función, como amparos sin sorteos, órdenes de allanamientos sin fecha y haber resuelto beneficios a presos de expedientes ajenos.

También, por «formular expresiones indecorosas y agresivas» contra una agente fiscal, por «maltrato» al personal de su juzgado y por irregularidades al ordenar el allanamiento del Colegio de Abogados de Avellaneda-Lanús.

Así, primero se lo apartó en forma preventiva por 90 días y luego se resolvió directamente suspenderlo hasta que se defina si se lo destituye o no del cargo.

 

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