Este domingo, el director ejecutivo por la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, había denunciado en un medio de comunicación que «tres economistas vinculados a la gestión anterior de la cartera de economía de nuestro país habían realizado acciones para lograr que no se lleven a cabo desembolsos del prestamo» del FMI a la Argentina.
Así se informó a través de la denuncia, a la cual tuvo acceso Télam, presentada en la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal
«La noticia relata que tres (3) economistas vinculados a la gestión del gobierno próximo pasado les habrían pedido a funcionarios del organismo multilateral que no brinden asistencia a la Argentina hasta que asuma una nueva gestión y de esta manera negociar con otros funcionarios», detalla el documento.
Asimismo indica que «la descripción efectuada de quienes habrían sido esos economistas que llevaron a cabo estas gestiones se sostuvo que se trataría de Hernán Lacunza, Alfonso Prat-Gay y Guido Sandleris y que con esa estrategia estarían buscando que empujar el país hacia un ‘default’».
En ese sentido, Sánchez Kalbermatten formuló la denuncia por «usurpación de títulos», además de los delitos de «traición a la patria», agravado por la «finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobierno extranjeros o agentes una organización internacional a realizar un acto o abtenerse de hacerlo».
La denuncia señala además que «aunque el comportamiento descrito no incluye específicamente el uso de armas contra la Nación, podría interpretarse que las gestiones realizadas para evitar que el país obtenga un desembolso de dinero del FMI están destinadas a dañar la economía del país y, por lo tanto, a menoscabar su integridad y estabilidad económica».
«Este tipo de acciones pueden ser consideradas como una forma de colaboración con los enemigos de la Nación o de poner en riesgo la seguridad del Estado, lo cual podría ser interpretado como una forma de traición a la patria», añade.
