Tras casi un año, la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, rompió el silencio este miércoles sobre la herida sufrida por el fotógrafo Pablo Grillo, quien se recupera lentamente, y una vez más defendió el accionar policial.
En un tono firme, la senadora encuadró el episodio dentro de un contexto de «extrema violencia» y justificó el despliegue de las fuerzas de seguridad, argumentando que se enfrentaron a grupos organizados que buscaban desestabilizar el orden público.
Según Bullrich, el Gobierno contaba con información previa sobre la peligrosidad de la movilización. «Sabíamos que era una provocación. Venían las hinchadas de fútbol con armas; secuestramos un montón de armamento en las estaciones de trenes», detalló la exministra en un programa de streaming.
Respecto a la respuesta estatal, fue categórica: «Las fuerzas de seguridad frente a la violencia tienen que responder, no se pueden quedar inermes. Si se quedan quietas, ¿quién protege a la gente?». Bajo esta premisa, sostuvo que impedir la toma del Palacio Legislativo fue una «acción correcta».
Al referirse específicamente a la lesión del trabajador de prensa, Bullrich atribuyó el hecho a un accidente derivado de la propia dinámica del enfrentamiento. Explicó que un proyectil de gas lacrimógeno impactó contra un cartel roto y terminó golpeando al fotógrafo.
«No hubo intención de pegarle a alguien, hubo intención de parar la violencia», argumentó la senadora.
La por entonces ministra planteó una distinción ética sobre el operativo: «No tenés que mirar la consecuencia, sino si tu acción fue correcta».
En tanto, pese a la gravedad inicial, celebró que Pablo Grillo «está mucho mejor y se mejoró», aunque reconoció el hecho como una consecuencia directa del choque.
La senadora libertaria concluyó reforzando la idea de que, en escenarios de conflicto, el Estado debe priorizar el restablecimiento del orden, incluso si ello conlleva riesgos colaterales. Mientras tanto, sectores de prensa y organismos de derechos humanos continúan cuestionando la proporcionalidad del uso de gases y balas de goma contra civiles y trabajadores de medios de comunicación.
