El fiscal ante Casación Mario Villar ratificó este lunes que la investigación que intenta determinar si la mansión de Pilar, valuada en 17 millones de dólares y que figura a nombre de supuestos testaferros de dirigentes de la AFA, debe volver a un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires y dejar el federal de Campana, donde se estaba tramitando.
De esta forma, el caso regresará al juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas, donde había comenzado a investigarse. Como alternativa, propuso el juzgado en lo penal económico N10, ahora a cargo de Verónica Straccia.
Villar ratificó el contenido de un dictamen que había entregado el 30 de marzo pasado, cuando se convocó en Casación a una primera audiencia ante los camaristas que integraron para este caso la sala I: Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky.
La defensa del monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada, Ana Conte, quienes figuran como dueños de la sociedad real Central, titular de la lujosa quinta en la que además se encontró en su interior 55 vehículos importados de lujo, pretenden que la causa quede en el juzgado federal de Campana de Adrián González Charvay.
La Justicia busca esclarecer si Pantano y Conte cuentan con ingresos para justificar la adquisición de esa mansión o si se trata de testaferros o «presta nombres» de autoridades de la AFA, como el tesorero, Pablo Toviggino.
la causa señala que “la compra de la casaquinta de Pilar por parte de la sociedad Real Central de los imputados como supuestos testaferros Luciano Pantano y su madre Ana Conte, habría sido una maniobra posterior de lavado de activos que abarcó también a unidades funcionales en el barrio privado Ayres Plaza, en Pilar, y los 54 vehículos encontrados en el galpón del predio de Villa Rosa, caballos árabes y de pura sangre, y otros bienes de valor en el mercado”.
