El proceso, que comenzó en febrero de 2021, se reanudará hoy a las 9.30 ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 4, primero con las «últimas palabras» de 2 de los 16 imputados y, tras un cuarto intermedio, se conocerá el fallo alrededor de las 13.30.
En la etapa de alegatos, que se llevó a cabo entre septiembre y fines del año pasado, el fiscal de juicio, Abel Córdoba, pidió 10 años de prisión para Blaksley (58) por considerarlo jefe de la asociación ilícita, mientras que requirió penas de entre 5 y 6 años para los otros 15 acusados, varios de ellos familiares del «Madoff argentino».
A su vez, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), querellante en la causa a través de los abogados Santiago Lozano y Ramiro Buján, solicitó 12 años de prisión para el principal imputado, mientras que otra de las querellas particulares pidió 18 años.
Por su parte, la defensa de Blaksley, a cargo del letrado Mariano José Varela, solicitó su absolución.
En ese sentido, el propio empresario agradeció en sus «últimas palabras» haber sido escuchado por el tribunal durante el debate – en el que declaró tres veces-, asumió que él tomó las decisiones de la firma y pidió que se hiciera justicia.
Blaskley estuvo preso en el penal de Ezeiza y en marzo de 2021 el tribunal le otorgó una morigeración de la prisión preventiva en un domicilio, aunque esta medida recién se concretó en diciembre último, cuando el empresario logró reunir los bienes y dinero suficientes para pagar la fianza.
En tanto, Marinao Moyano, uno de los abogados de la querella particular, dijo esta tarde a Télam que el fallo que se conocerá mañana es «muy importante», pero, a su vez, un «primer paso» ya que hay más víctimas en el exterior de Argentina – estimó unas 800-, de las cuales su estudio representa a unas 400.
De hecho, el letrado impulsa causas en el extranjero, como las Islas Vírgenes, en procura de hallar adónde fue llevado el dinero producto de las estafas millonarias.
Para los acusadores, Blaksley encabezó una organización criminal que cometió estafas reiteradas vinculadas con la captación ilegal de dinero de ahorristas para luego, además, cometer delitos vinculados con la evasión fiscal y el lavado de dinero.
Blaksley y el resto de los acusados fueron enviados a juicio en julio de 2020 por decisión de la jueza federal María Servini, quien hizo lugar a la requisitoria de la fiscal federal 12, María Alejandra Mangano; y la fiscal María Laura Roteta, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
El empresario, que siguió el juicio de forma virtual desde la cárcel de Ezeiza, está acusado de haber cometido 318 estafas, tras haber captado ahorros del público sin estar autorizado para hacerlo.
También se lo acusa por lavado de activos de origen y dos hechos de insolvencia fraudulenta, es decir hacer desaparecer bienes de su patrimonio o disminuir su valor para evitar el cumplimiento de obligaciones.
Entre los acusados están también el cuñado de Blaksley y gerente administrativo de Hope Funds, Federico Dolinkué; el encargado de formar las sociedades en el exterior, Alejandro Miguel Carozzino; y la gerente comercial, su cuñada Verónica Vega, los hermanos del empresario Francisco, María Rita y Juan Pablo Blaksley.
Según la investigación, Blaksley, con la colaboración de Carozzino, Dolinkue y Vega, habría montado una estructura empresarial compleja que se destinó tanto a la defraudación de privados, como del fisco nacional, según se indicó en la acusación cuando la causa llegó a juicio.
De acuerdo con la pesquisa, la asociación ilícita, que operó entre 2007 y 2016 y contó con miembros que, desde sus roles respectivos, aportaron para que se produzca el desfalco, y también por alrededor de 60 sociedades comerciales, muchas de ellas constituidas en Estados Unidos y Panamá.
En mayo de 2021, Blaksley declaró en el juicio e intentó hoy mejorar la situación del resto de los acusados, al asumir haber sido el dueño de la totalidad de las acciones de Hope Funds, aunque afirmó que «jamás en la vida» imaginó defraudar a sus clientes.
