Dardo Julio Gula, bautizado mediáticamente como “el Loco de la Escopeta” por haber huido de una persecución policial tras atropellar a una niña disparándoles a los uniformados que intentaban detenerlo, fue procesado con prisión preventiva por “tentativa de homicidio agravado”.
La resolución fue dictada por la jueza Fabiana Palmaghini, quien además le trabó un embargo por cinco millones de pesos y le reprochó también los delitos de portación ilegítima de armas de guerra y lesiones leves culposas”.
El 18 de marzo pasado, Gula conducía un Fiat Toro con el que atropelló a una menor de edad en la intersección de Avenida Rivadavia y Julio Martí, de la Ciudad Autónoma, y ante la intervención policial se dio a la fuga.
Durante la persecución, por más de 20 cuadras, Gula resistió a los tiros su arresto en cuatro oportunidades hasta que finalmente fue apresado.
Las imágenes quedaron registradas por las cámaras de seguridad y se viralizaron en los medios de comunicación.
“No me acuerdo nada de lo sucedido, hasta el momento de mi detención en la alcaidía. Lamento los hechos ocurridos. No puedo aportar nada más porque no recuerdo absolutamente nada de lo que sucedió. Estaba bajo los efectos de las drogas que había consumido”, dijo Gula en su indagatoria.
La jueza Palmaghini lo procesó por “tentativa de homicidio agravado contra miembros de las fuerzas de seguridad en su función y con arma de fuego, portación ilegítima de armas de guerra y lesiones leves culposas”.
“Efectuó disparos a quema ropa, circunstancia que no puede ser comprendida de otra manera que la de haber atentado contra las vidas” de los policías que intentaban detenerlo, sostuvo la magistrada.
Según un informe de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), Gula es “legítimo usuario de armas de fuego de uso civil condicional” y tiene registradas al menos tres: la escopeta con la que disparó a los policías, una pistola y un revolver, pero no está autorizado a portarlas.
Un estudio sobre su salud mental, realizado en el Hospital Alvear, concluyó que Gula reconoció problemas de adicciones desde los 17 años y “refiere haber iniciado tratamiento con psiquiatra particular en Castelar al cual concurría de manera irregular. No puede brindar el apellido del profesional”.
La jueza dispuso someterlo a un “examen mental obligatorio”, a pedido de su defensa.
