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Piden 50 años de prisión para los acusados de intentar copar la comisaría de San Justo en 2018

Un fiscal pidió hoy una pena de 50 años de prisión para siete de los acusados por el ataque a la comisaría de la localidad bonaerense de San Justo en el que en 2018 quisieron liberar a un detenido, se tirotearon con cuatro policías y dejaron parapléjica a una de las oficiales.

Apelando a la sumatoria de penas, el fiscal de La Matanza Ariel Speranza Rossi pidió esa condena para Leandro David Aranda (25) –el preso que iba a ser rescatado-; su esposa, Zahira Ludmila Bustamante (22), Gonzalo Fabián D’Angelo (25), Daniel Alberto Rodríguez (33), Tomas Sosa (22) y la abogada Leticia Analía Tortosa (41) -20 años en caso de ser considerada partícipe secundaria-; mientras que para al octavo imputado, Bruno Postigo Marullo (22), solicitó 6 años de pena por encubrimiento agravado.

La calificación elegida por el fiscal para todos los acusados a los que le pidió los 50 años fue la de «homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas ‘criminis causae’, contra un miembro de las fuerzas públicas y por haber sido cometido mediante el empleo de arma fuego -reiterado en cuatro oportunidades- en grado de tentativa y portación ilegal de arma de guerra, los cuales concursan realmente entre sí, todo lo cual concursa idealmente con el delito de evasión agravada en grado de tentativa».

En su alegato, Speranza Rossi habló de un hecho de «gravedad institucional», que contó con una «planificación» y una «división de roles y tareas».

Los dos principales acusados y señalados como los organizadores del golpe son Aranda y su esposa Bustamante, quien, según sostuvo hoy el representante del Ministerio Público Fiscal, fue a rescatar a su marido con un bebé de pocos meses.

Aranda estaba preso desde 2017 como acusado de haber cometido un crimen narco en una villa de La Matanza y, según dijo hoy el fiscal, «tenía problemas afuera» y debía salir de la comisaría porque «había mejicaneado a un narco de la villa 1-11-14» de la Capital Federal.

Por su parte, la por entonces abogada de Aranda, Leticia Analía Tortosa (41), está acusada de haber aprovechado una de sus visitas a la comisaría para entregarle a su defendido el teléfono con el que, unos días antes y desde el calabozo, se comunicó con la banda para planificar el hecho.

El fiscal dio por probado que el episodio ocurrió a las 5.05 del 30 de abril de 2018 en la comisaría Distrital Noroeste 1ra. San Justo, donde los imputados desplegaron un plan para rescatar a Aranda de uno de los cuatro calabozos de la seccional, en el que esa madrugada había un total de 43 detenidos.

Siempre según la acusación, con por lo menos dos armas de fuego y vestimenta similar a la de las fuerzas de seguridad, algunos se quedaron afuera resguardando la zona y otros ingresaron a la seccional y dispararon contra el personal policial que se encontraba en la guardia con el propósito de causar la muerte de los policías.

Los cuatro policías atacados fueron los oficiales subinspectores Diego Méndez, Javier Pérez, Adrián Barreto y la sargento Alejandra Rocío Villareal, quien fue la única alcanzada por al menos dos disparos que le provocaron lesiones «gravísimas» y la dejaron parapléjica en forma «permanente y definitiva».

La reacción de los policías, que lograron repeler con sus armas la agresión, hizo que la banda abortara el golpe y huyera del lugar sin poder llegar al sector de los calabozos.

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