El Ministerio de Seguridad prorrogó por dos años la emergencia en materia penitenciaria, alertando sobre la crítica situación de sobrepoblación y hacinamiento en las cárceles federales.
La Resolución 254/2024 advierte que las circunstancias que motivaron la declaración de emergencia en 2019 y su prórroga en 2022 no sólo persisten, sino que se han agravado.
Según datos oficiales, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) aloja actualmente a 11.453 personas, superando su capacidad de 11.361 plazas. Además, hay otros 4.265 detenidos a la espera de un cupo para ingresar al sistema. La infraestructura carcelaria resulta insuficiente y en muchos casos obsoleta, con obras paralizadas que podrían haber aliviado el déficit de plazas.
La resolución apunta especialmente a la Ciudad de Buenos Aires, que no ha concretado aún el traspaso de la justicia penal ordinaria a su órbita, pese a que la Corte Suprema estableció que su carácter nacional es transitorio desde la reforma constitucional de 1994.
Actualmente, 5.564 detenidos por la justicia de CABA permanecen bajo custodia del SPF, restando lugar para alojar presos federales.
En 2018 se había acordado relocalizar la cárcel de Devoto a un nuevo penal en Marcos Paz con 2.240 plazas, pero, según la resolución firmada por la ministra Patricia Bullrich, el Gobierno de la Ciudad suspendió unilateralmente la obra, incumpliendo el convenio.
El Gobierno fijó como prioridad terminar obras pendientes, proyectar nuevas cárceles modernas, reformar la infraestructura actual y gestionar presos de alto riesgo. La emergencia busca impulsar estas medidas para garantizar derechos humanos y seguridad en el ámbito penitenciario federal.
