Minutos después de las 10, dos de los fiscales de la causa, Marcela Semería y Martín Gómez, encabezaban junto a la Policía Científica una inspección ocular en una casa ubicada en la calle Haedo 938 del mencionado partido del norte del conurbano.
Para ingresar a la propiedad, la Policía debió cortar una cadena que enrollaba una de las puertas de acceso.
Se trata de una propiedad que el hijo menor de las víctimas, el detenido Martín Del Rio (47), había alquilado, con opción de compra, junto a la agente inmobiliaria con la que tenía una relación extramatrimonial y que queda a tan solo dos cuadras y media de la escena del doble crimen cometido el pasado 24 de agosto.
El abogado de los propietarios de la casa, Gonzalo Clariá, confirmó esta mañana a la prensa que Del Rio solo cumplió un mes con el pago de los 5.000 dólares de alquiler y ahora estaban en conflicto legal para desalojarlo.
“Martín del Rio alquila en diciembre esta propiedad a la sociedad Asterisco, paga en diciembre parte del depósito y luego no paga más nada. En enero ya no cumple con el alquiler, la asistente o secretaria nos informa que Martín ya tenía problemas con otras propiedades”, explicó Clariá.
“El contacto con Del Rio fue el día del contrato. Una persona simpática, entradora, estaban contentos con el trato ese día. En el Veraz, estaba bien, nadie chequeó si había juicios o no, la apariencia de él era de un millonario que iba a comprar la casa”, contó el letrado.
Consultado sobre qué sucedió cuando se enteraron que Del Rio fue detenido por el doble asesinato de sus padres, Claría respondió: “Fue bastante incómodo estar en proceso de desalojo y que haya pasado un hecho lamentable”.
Por último, explicó que el imputado “legalmente no tiene la posesión” del inmueble y que el contrato de alquiler era “por 30 meses” y una vez cumplido por completo “se disparaba la opción de compra por entre 800 mil o 900 mil dólares”.
Los investigadores no descartan encontrar en esta propiedad de la que Del Rio tenía llave, alguna evidencia que lo comprometa.
“Pasaron 14 días entre la tarde del crimen y la detención durante los cuales pudo haber ido a esa casa en algún momento a descartar algún elemento”, dijo a Télam una fuente judicial.
Si bien fuentes de la investigación habían informado que hoy también se iba a inspeccionar nuevamente la casona de la calle Melo 1101, donde las víctimas fueron ejecutadas a balazos, voceros judiciales indicaron a Télam que esa diligencia se postergará para otro día, en el que también irán a la casa de fin de semana que las víctimas tenían en el country San Diego de Moreno.
A su vez, en estos días, el equipo de fiscales de Vicente López ordenó una serie de peritajes para intentar obtener evidencia científica irrefutable: el análisis de ADN de eventual material genético que se halle bajo las uñas de las víctimas (por si alguno llegó a arañar al asesino), cotejos balísticos con las vainas y proyectiles secuestrados en la escena y las autopsias y la búsqueda del calzado con el que el denominado «caminante encapuchado» quedó filmado (unos borceguíes de trekking en la ida y zapatillas deportivas a la vuelta).
Del Rio (75) padre y su esposa Alonso (72) aparecieron asesinados -él de tres balazos y ella de uno- el pasado 25 de agosto en el interior de su automóvil en el garaje de su casona de la calle Melo 1101, de Vicente López.
Si bien la empleada María Ninfa «Nina» Aquino fue la primera detenida, el juez de la causa la liberó por falta de pruebas y el 7 de septiembre los fiscales detuvieron al hijo menor de los fallecidos, Martín, como supuesto autor de un doble parricidio con un móvil económico.
Por su parte, Del Rio cumple prisión preventiva como autor de un «doble homicidio calificado por alevosía, por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por ser criminis causa» (matar para lograr la impunidad), delito que prevé como única pena la prisión perpetua.
