Se trata del sacerdote Tulio Matiussi, de 48 años; el exportero Anselmo Ojeda (60) -el único que continúa detenido con prisión domiciliaria- y la preceptora María Luján Rubíes (53), quienes llegan a juicio por «abuso sexual simple agravado por la calidad de sus autores», por tener a su cargo la guarda de los menores afectados y, en el primero de los casos, por ser un ministro de culto.
El debate oral estará a cargo del Tribunal Oral Criminal (TOC) Nº2 de San Nicolás de los Arroyos, que preside María Elena Baquedano, y las audiencias se desarrollarán los días 9, 10, 11, 12 y 13 de mayo.
Unos 60 testigos declararán en las audiencias, que se desarrollarán en los tribunales de San Nicolás, ubicado en la calle Guardias Nacionales 47, de esa ciudad de la zona norte bonaerense.
«Estamos convencidos de que los tres imputados son culpables, porque nuestros hijos no mienten y porque en la causa sobran pruebas que los incriminan», aseguraron en un comunicado los padres de los niños y la comunidad educativa, frente al inicio del juicio.
Además, indicaron que el caso «tocó los intereses del Obispado de San Nicolás, especialmente del obispo Hugo Santiago, y el rector del Santuario Hugo Prieto», a quienes calificaron como «protectores de Matiussi» por haber «solicitado su libertad» y alojarlo en una sede de la diócesis para que cumpla su libertad condicional.
«Se hicieron cargo de los honorarios de su defensa», apuntaron.
La investigación terminó en junio pasado, cuando el titular de la UFIJ 8 de Baradero, Hernán Granda, pidió la elevación a juicio por considerar acreditado que «durante el curso lectivo 2017» los imputados sometieron a abusos a los niños en horario de clases, delito que cometían tanto de manera «colectiva» como «individual», con o sin la presencia de otros chicos como testigos.
«Producto de estas prácticas por parte de los imputados se verificaron signos de abuso sexual infantil en todos los menores», afirmó el fiscal.
No obstante, Granda terminó pidiendo que los tres sean juzgados por el más leve de los delitos contra la integridad sexual -abuso simple- y no por violación -«abuso sexual con acceso carnal»-, que fue la calificación inicial del hecho.
Tras haber permanecido cinco meses detenido, el sacerdote esperó el juicio en libertad desde mayo de 2019.
