La Policía Federal Argentina (PFA) rescató a 22 personas – 18 hombres y cuatro mujeres – que estaban en situación de esclavitud y vivían en condiciones precarias dentro del edificio Delta Center, ubicado en Tigre.
Tras un importante operativo, que llevó seis meses de investigación de la Procuraduría de Trata de Personas, quedaron detenidos el capataz del edificio, su ayudante, un arquitecto y dos inversores.
Las denuncias que motivaron los 19 allanamientos en viviendas, oficinas y parte del complejo Delta Center fueron realizadas a través de llamados anónimos.
Las 22 personas rescatadas estaban ocultas en el subsuelo del edificio, en condiciones infrahumanas. Según informó la PFA, la vivienda improvisada y precaria, llamada “pabellón”, estaba en la cochera, debajo de una de las rampas de acceso, y el sector estaba cercado por una pared falsa construida con cajas de cartón, perfiles de aluminio, recubierta con una tela gruesa tipo rafia.
En el espacio había humedad, no tenía entrada a la luz natural ni ventilación, y la conexión eléctrica era precaria. Las camas estaban hechas con puertas y tachos de pintura y solo había dos baños disponibles “en pésimas condiciones de mantenimiento y limpieza, sin ninguna medida de higiene y seguridad”.
En las habitaciones también había ratas, mosquitos y demás insectos con mucho olor a aguas servidas, porque detrás de la puerta pasaba “un conducto a cielo abierto con los desagües de los desechos de la cocina y de los baños”.
Las víctimas son oriundas de la provincia de Salta y llegaron al lugar tras recibir “una propuesta laboral”. Los supuestos contratistas les enviaron el dinero para el traslado a Buenos Aires.
Una vez en el partido bonaerense de Tigre, los “contratados” fueron hacinados en el espacio descrito, obligados a trabajar 14 horas por día de lunes a sábados y recibían una remuneración inferior al salario mínimo legal establecido y por debajo del convenio colectivo de trabajo correspondiente a los obreros de la construcción y a los operarios de limpieza, seguridad, electricidad, plomería y mantenimiento.
La policía también informó que las víctimas eran “utilizadas como moneda de cambio, pues eran entregadas a terceras personas para que los empleen en las tareas que consideraran necesario, a cambio de reducir deudas pecuniarias”.
Además, las mujeres fueron sometidas a violencia psicológica, y todos eran amenazados con ser despedidos o quedarse sin pago para que no se quejaran de las extenuantes horas de trabajo y las condiciones en las que vivían.
La causa quedó a cargo del juzgado federal a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.
