Además de las tomas, en muchos colegios, como el Mariano Acosta, donde se inició el conflicto el viernes pasado, los alumnos realizarán un pernocte dentro de sus instalaciones, mientras la escuela de Comercio Carlos Pellegrini es la primera institución que no depende de la Ciudad de Buenos Aires que se sumó esta noche a la medida.
Algunos de los colegios que permanecen tomados son el Lenguas Vivas «Sofía Esther Broquen de Spangenberg», la escuela Federico Garcia Lorca, Cerámica 1, el Osvaldo Pugliese, el Colegio Mariano Moreno y el Nicolás Avellaneda.
En tanto, alumnos de los colegios Julio Cortázar, Normal 8, Claudia Falcone y la Escuela de Danzas 1, Rogelio Yrurtia, Escuela de Música Juan Esnaola, el Liceo 5 y el Rodolfo Walsh votaban para comenzar las medidas.
La ministra Acuña anunció en este contexto que reclamará a las familias de los estudiantes de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas «Mariano Acosta» involucrados en la toma del establecimiento el pago del «costo laboral de salarios del personal docente» durante la vigencia de la medida de protesta, equivalente a $1,5 millón diario.
Según informaron desde la cartera educativa, la decisión regirá para los padres y las madres de los alumnos del Mariano Acosta, aunque adelantaron que se hará extensiva a los restantes colegios que permanecen tomados.
Acuña también había adelantado que promovería «una denuncia penal» contra los padres de los estudiantes que participen de la toma.
Paola, mamá de uno de los alumnos del Mariano Acosta, dijo que los centros de estudiantes de varios colegios «pidieron al ministerio de Educación porteño abrir una mesa de diálogo para poder discutir el tema de las viandas y de las pasantías, para que tengan más que ver con las orientaciones que ellos tienen en sus estudios».
Respecto a las denuncias planteadas contra los padres dijo que «es un mamarracho jurídico porque la notificación no está a nombre de los padres o madres supuestamente denunciados. A mi me me llamaron por teléfono pero no me enviaron ninguna notificación escrita».
Dijo que a uno de los padres le llegó la notificación escrita y consideró que «es una forma de amedrentar a los alumnes y a las familias»
Según fuentes del gobierno porteño, la denuncia se basa en el artículo 60 del Código Contravencional, que pena a quien ingrese o permanezca contra la voluntad del titular del derecho de admisión, en lugares públicos o de acceso público o privado.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que “no son viables jurídicamente” las denuncias que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que realizará contra los padres y madres de las y los estudiantes que llevan adelante tomas.
«No se puede criminalizar estas protestas en lugares de estudios, que están aseguradas por muchas convenciones, entre ellas, la de los Derechos del Niño”, afirmó la organización a través de una serie de mensajes que difundió a través de la red social Twitter.
La CEB, a través de un comunicado, señaló que mantendrá la toma hasta que la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña «brinde respuestas» a sus reclamos».
