Una mujer que fue detenida en la provincia de Salta por irregularidades en licencias de conducir fue imputada en las últimas horas por el delito de administración fraudulenta y se informó que continuará detenida. Durante la audiencia se negó a declarar.
La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó de manera provisional a la mujer que el pasado 8 de abril fue detenida tras una denuncia por parte de Clínica Cruz Azul, prestadora de servicios de estudios psicofísicos, por la validación de casi 3.500 aptos médicos sin la debida evaluación.
Durante la audiencia, fue asistida por un abogado particular e hizo uso de su derecho a no declarar ni contestar preguntas de la Fiscalía, informando que lo haría por escrito. Antes del cierre de la jornada, la fiscal solicitó el mantenimiento de su detención mientras avanza la investigación.
La intervención del Ministerio Público Fiscal se inició a partir de la denuncia formulada el 23 de diciembre por el apoderado de la empresa contra una empleada administrativa, supo la Agencia Noticias Argentinas.
Según lo expuesto, la clínica, prestadora de estudios psicofísicos para licencias profesionales por adjudicación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), detectó durante una revisión la posible emisión de recibos por prestaciones no rendidas y la carga en el sistema oficial (REPRE) de certificados de aptitud correspondientes a personas no atendidas.
Ante ello, se solicitó a la Agencia un informe de los aptos emitidos en 2025 y se modificaron las claves de acceso. Del cruce entre el sistema interno (GoMedisys) y el REPRE surgió una diferencia de 3.477 certificados cargados sin respaldo en atenciones reales, validándose como aptas a igual número de personas sin evaluación médica.
En paralelo, la empleada presentó su renuncia el 12 de diciembre; sin embargo, el 22 de ese mes se registraron seis nuevos aptos irregulares desde otro usuario.
La Unidad de Investigación UDEC del CIF analizó los sistemas informáticos y entrecruzó bases de datos, lo que permitió vincular las maniobras con la empleada, quien habría generado recibos por prestaciones inexistentes. Asimismo, se requirió información a entidades bancarias y plataformas digitales para el seguimiento de operaciones.
La pericia contable detectó una desproporción entre ingresos declarados y movimientos en cuentas, con transferencias de terceros coincidentes con personas incluidas en los registros de la clínica.
