Cristian «Pity» Álvarez sufrió un «brote psiquiátrico» en el Hospital Tornú, donde se encuentra internado desde la semana pasada, y la audiencia del juicio por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz debió ser suspendida.
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires había ordenado que el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados participe de la jornada vía Zoom, por lo que se intentó conectar al paciente con un celular o una computadora.
Javier Baños, ex fiscal de Morón y defensor del acusado, dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y consignó: «Lo que me dicen es que tuvo un brote psiquiátrico, puede ser por abstinencia, pero tenemos que certificarlo».
Además, precisó que no declaró ninguno de los siete testigos citados para este lunes debido a la suspensión de la audiencia.
Para hoy estaban previstos los testimonios de un cura y un perito, al tiempo que las identidades de las otras personas se encuentran bajo reserva.
Álvarez permanece internado en el Tornú desde la semana pasada luego de padecer una crisis hipertensiva en su domicilio y chocar su Volkswagen Bora contra otro vehículo que cargaba combustible en una estación de servicio de la Capital Federal.
Pese a las reiteradas nulidades presentadas por la defensa, el tribunal rechazó las peticiones al sostener que la situación actual del músico no es novedosa porque no es lo que justifica la suspensión del debate.
A su vez, aún cuando se pidió su traslado a un instituto médico de su obra social, hasta el momento ningún nosocomio quiere aceptarlo.
El caso
La acusación sostiene que el artista asesinó de cuatro disparos a Díaz el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano, después se dio a la fuga, descartó el revólver en una alcantarilla y concurrió al famoso boliche Pinar de Rocha, ubicado en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.
«Era él o yo, y creo que cualquier animal hubiera hecho lo mismo», expresó el Pity ante los medios cuando se entregó a la Policía.
El intérprete de 54 años está imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, cuya pena va de ocho a 25 años de prisión.
