Claudia Díaz, madre de la niña misionera que murió al regresar a Posadas de su viaje de egresada, remarcó que hoy «hubo abandono de persona», responsabilizó a la empresa de viajes, a la maestra y también a la escuela donde cursaba el último año del ciclo primario.
La mujer ratificó que su hija, Juana Sirimarco, no recibió la atención médica necesaria, se descompuso durante el trayecto desde Córdoba y al llegar a Posadas «ya no podía reaccionar».
«Cómo la maestra no se va a dar cuenta que una persona está mal, una niña, fue abandono de persona y ella entregada porque ya tenía la presión bajísima, ya no estaba latiendo bien el corazón y estaba somnolienta, se dormía», agregó.
Además, recordó que «le dije (a la maestra) que paren, que nosotros íbamos para allá porque ella seguro se estaba deshidratando, sé muy bien como son las cosas si una persona se deshidrata», señaló, en declaraciones al diario El Territorio.
Díaz le pidió a la docente que llevaran a su hija al hospital de Virasoro, en Corrientes, pero «Me dijo ‘no, no, acá no la voy a dejar Claudia de ninguna forma. Este es un lugar horrible, acá la atención es pésima. Falta poco para llegar».
«Si mi hija tenía el teléfono (en ese momento) a lo mejor me iba a decir ‘mamá, estoy mal’ y sé que ella tampoco le iba a pedir a la maestra porque era muy obediente, hacía todo lo que le
decían», señaló.
Recién pudo hablar con Juana a la mañana siguiente y la niña le dijo «Ya no puedo más, necesito bajar».
«Me quedé loca entonces llamé al papá y le dije ‘andá a la empresa, fue y no tenían ambulancia y mandaron un auto común de no sé quién con una mujer», precisó.
La niña llegó a Posadas y enseguida fue trasladada al Hospital Pediátrico Fernando Barreyro, donde falleció pocas horas después como consecuencia de una infuenza B, combinada con una sepsis.
Las autoridades de la escuela Instituto Cristiano República Argentina (ICRA), en tanto, deslindaron su responsabilidad al ratificar que no participaron de la organización del viaje y hoy no dictaron clases «para preservar la integridad de todos los integrantes de la comunidad educativa».
Por su parte, el juez Ricardo Balor actuó de oficio e inició un sondeo para evaluar si pudo haber alguna conducta que deba ser investigada penalmente, ya que la única información se dio únicamente a través de los médicos.
