Este jueves, se llevó a cabo un operativo en el marco de la investigación sobre una estafa de gran escala denominada “Rainbowex”, un esquema Ponzi basado en criptoactivos. La operación incluyó 22 allanamientos simultáneos en las localidades de San Pedro y Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, con la detención de 10 personas y la emisión de 2 órdenes de captura internacional con Alerta Roja de Interpol para ciudadanos de Malasia.
Fuentes policiales confirmaron que los principales detenidos fueron Pablo Mariano Diez (48), Eduardo Maximiliano Braga (30), Rodolfo Andrés Desanzo (38), Luis Alberto Pardo (33) y Facundo Omar Villalba (35). Además, fueron arrestados Washington Elías Velo (33), Alexis Alberto Aguilar (33), Francisco José Molina (27), Daiana Solange García (34) y Roque Esteban Maneiro (20).
Durante el operativo, las autoridades lograron congelar e incautar billeteras virtuales y cuentas bancarias de los acusados, obteniendo aproximadamente 3,5 millones de dólares en criptoactivos denominados USDT (Tether). Por primera vez, se solicitó el congelamiento de estos fondos directamente a la empresa Tether, que opera el ecosistema de esta criptomoneda. Para ello, se crearon billeteras descentralizadas bajo control judicial de los fiscales, garantizando la seguridad de los activos incautados.
También se incautaron 23 celulares, 25 prendas con los logos de “Knight Consortium” y “Rainbowex”, U$S25.200, $1.140.000, 330 yuanes, 53.000 guaraníes, 50 bolívares, 52 reales, un lingote de oro de 20g, tres notebooks y dos CPUs, entre otros elementos de interés para la investigación.
La investigación estuvo liderada por las fiscales María del Valle Viviani y María Verónica Marcoantonio, con el apoyo de varias dependencias judiciales y unidades especializadas en ciberdelitos. Participaron también el Departamento Judicial de San Nicolás, bajo la dirección de Julio Pérez Carreto, y los fiscales Martín Laius (Junín) y Gustavo Zorzano (Bahía Blanca). Además, contribuyó el equipo de criptoactivos de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, dirigido por Gisela Burcatt y Rafael García Borda.
El operativo contó con la colaboración de diversas entidades, como el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina, la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Bonaerense, la Oficina Central Nacional de Interpol y la DINIC del Ministerio de Seguridad de la Nación. El sector privado también tuvo un papel fundamental: la plataforma de intercambio de criptomonedas Lemon y las empresas de software especializadas, Chainalysis y Qlue de Blockchain Intelligence Group, proporcionaron datos y especialistas para el análisis técnico.
El funcionamiento de Rainbowex
Las investigaciones revelaron que Rainbowex operaba como una plataforma de intercambio de criptoactivos que prometía ganancias diarias muy altas. Los usuarios, tras recibir una invitación y pasar un proceso de verificación, eran añadidos a un grupo de Telegram donde se les enviaban instrucciones sobre qué criptomonedas comprar, a qué precio y cuándo vender.
Sin embargo, el esquema funcionaba como un sistema cerrado, simulando flujos de dinero sin conexión real a las cadenas de bloques públicas. Los administradores manipulaban los saldos visibles de los usuarios y utilizaban criptomonedas ficticias o de baja capitalización para justificar ganancias artificiales. Los inversionistas, al intentar retirar sus fondos, se encontraban con bloqueos frecuentes bajo excusas técnicas.
El análisis preliminar determinó que se trataba de una estafa piramidal, donde los fondos de nuevos inversionistas se usaban para pagar a los anteriores, creando una falsa ilusión de rentabilidad. Las autoridades han instado a la población a extremar precauciones para evitar que más personas sean víctimas.
El caso de Rainbowex marca un hito en Argentina al utilizar procedimientos innovadores para rastrear y congelar criptoactivos a nivel internacional. La colaboración entre distintas jurisdicciones y sectores resalta la importancia de la cooperación en la lucha contra los delitos financieros complejos en el ámbito digital.
Este caso se hizo público en octubre pasado, cuando se presentó una nueva denuncia contra la plataforma Rainbowex, la cual engañó a cientos de personas en la localidad de San Pedro, Buenos Aires.
El sistema de Rainbowex atrajo a numerosos inversores en San Pedro y otras localidades, especialmente en un contexto económico difícil, debido a las promesas de rendimientos diarios del 1% al 2%, cifras que superaban las ofrecidas por otros productos financieros tradicionales o incluso el mercado de criptomonedas. Sin embargo, esta oferta levantó sospechas debido a su parecido con esquemas piramidales, donde las ganancias dependían de la incorporación de nuevos participantes.
Los promotores locales, que también se hacían pasar por inversores, incentivaron a otros a unirse al sistema. Los usuarios debían financiar una cuenta en Knight Consortium y seguir “señales de trading” para comprar criptomonedas en RainbowEx, lo que supuestamente permitía manipular el precio de las monedas y generar ganancias. Sin embargo, la plataforma utilizada no era un exchange reconocido en el mercado de criptomonedas, y las monedas recomendadas carecían de presencia en los círculos más serios de la industria.
La Policía Federal realizó dos allanamientos en San Pedro relacionados con la app vinculada al esquema Ponzi. Las señales de trading, en su mayoría, provenían de una figura conocida como “La China”, una mujer asiática que, a través de Telegram, indicaba el momento preciso para realizar las transacciones.
Detrás de RainbowEx se encontraba Knight Consortium, una entidad que se presentaba como un grupo de accionistas del mercado de valores, atrayendo a pequeños inversores de diversas partes del mundo. Sin embargo, las investigaciones preliminares han señalado que la empresa no estaba registrada ni tenía respaldo legal en Argentina, lo que generó dudas sobre la legitimidad de sus actividades. Estas sospechas se incrementaron tras un evento en el Hotel Emperador de Buenos Aires, donde se descubrió que algunos directivos de la empresa eran en realidad actores contratados.
Uno de los actores, el polaco Maurycy Lyczko, admitió haber sido contratado por una persona de origen asiático para hacerse pasar por directivo de la compañía. Según sus declaraciones, le pagaron 1.500 dólares por su participación en el evento, donde se entregaron premios a los inversores más destacados.
