En 2020, la Auditoria General de Asuntos Internos (AGAI) de la policía bonaerense inició 901 sumarios a personal involucrado en hechos de violencia de género y familiar, de los cuales 29 terminaron en expulsión y 58 efectivos fueron suspendidos.
El femicidio de Úrsula Bahillo, asesinada por el policía Matías Ezequiel Martínez (foto), atrajo la atención pública sobre este delito, que también ocurre en el ámbito policial.
En ese contexto, Agustina Baudino, directora provincial de Políticas de Género y Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad, contó a la agencia Télam que «está en proceso de autorización un protocolo que se viene utilizando desde 2012» para situaciones de violencia que impliquen a personal policial.
Se trata del `Protocolo para la evaluación y tratamiento del personal de las policías de la provincia de Buenos Aires en casos de violencia familiar’, creado por resolución 2277 del 29 de noviembre de 2012.
Piana explicó que este protocolo «está vigente» y detalló cómo se activa.
«La víctima hace la denuncia y comenzamos a trabajar con las distintas áreas para evaluar si el personal denunciado puede seguir usando el arma reglamentaria, se hace un psicodiagnóstico y de situación socioambiental», indicó la funcionaria.
«También se consulta en Repar (Registro Provincial de Armas) si tiene otras armas registradas, mas allá de la reglamentaria», añadió.
Se inicia entonces «un sumario administrativo. En 2020 fueron 901 por violencia familiar y de género, hubo 29 expulsados, 58 suspendidos y el resto está en trámite», especificó Piana.
Los sumarios por violencias «tienen sus correspondientes pasos procesales. Si hay denuncia penal, hay comunicación con la Justicia», explicó.
Agregó que el sumario «puede terminar con una sanción suspensiva o expulsiva. Si es una suspensión, se añade un curso de capacitación en género».
En cuanto a las víctimas, hay dos situaciones: si es una mujer policía «se hace la primera atención con psicólogas de la Auditoria y luego se la deriva al área» de Políticas de Género y Derechos Humanos.
Si la denunciante no es de la fuerza «se articula con el Ministerio de Mujeres, con las áreas de Género de municipios, porque la asistencia a víctimas, nos excede», señaló Piana.
Como muchas víctimas temen denunciar en comisaría ya que se trata de agresores pertenecientes a la policía, la opción es que «lo hagan en los canales de comunicación habilitados por la Auditoria, en fiscalías o en el 911, si bien las comisaría deben tomar estas denuncias, por supuesto», resaltó la asesora del organismo.
