El proyecto, que contaba con sanción del Senado desde diciembre de 2021, fue aprobado por 160 votos y ninguno en contra, pero fue devuelto al Senado con modificaciones en su redacción y la incorporación de un artículo invitando a las provincias a adherir a la norma.
La iniciativa fue incorporada al temario de la extensa sesión de la Cámara baja a último momento, a partir de un planteo de la diputada del PRO Silvia Lospennato, quien pidió su debate antes de que el proyecto perdiera estado parlamentario, si no se trataba antes del recambio legislativo de este año.
Al defender el texto, la diputada y presidenta de la comisión de Familias, Niñez y Juventudes, Roxana Reyes, sostuvo que se trata de «un importante avance en la legislación. Es un paso significativo hacia la protección de los derechos de los menores y la prevención del abuso sexual infantil en la sociedad».
El protocolo establece pautas claras y procedimientos específicos para prevenir el abuso sexual infantil y cómo actuar ante situaciones de esta naturaleza en entornos educativos, deportivos, recreativos y sociales.
También establece la obligación de capacitar a profesionales y trabajadores que desempeñan roles clave en el cuidado y educación de los menores, con el objetivo de sensibilizarlos sobre la importancia de prevenir el abuso sexual infantil y proporcionarles las habilidades necesarias para detectar y denunciar posibles casos.
«Este proyecto es otra manera de fortalecer los sistemas locales de protección de derechos. Estableciendo lineamientos mínimos, brindando asesoramiento, asistencia técnica, capacitaciones en el marco de la Ley Lucio, como así también poniendo a disposición el material informativo para el acceso y la promoción de derechos a las instituciones que albergan a los niños, niñas y adolescentes», manifestó Reyes.
