El caso de Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso imputado en una causa por presunta trata de personas en Bariloche, volvió a tener presentaciones en organismos internacionales y apuntan contra la Justicia Federal de esa ciudad rionegrina, a cargo de la causa.
Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, dos organizaciones no gubernamentales con estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) –Citoyens en action pour la démocratie et le développement (CADD) y Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience (CAP LC)– presentaron una nueva declaración escrita ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El documento fue elevado para la sexagésima tercera sesión del Consejo, que se realizará en Ginebra entre el 7 de septiembre y el 9 de octubre de 2026.
La declaración recuerda que Rudnev se encuentra bajo arresto domiciliario en la Argentina y que continúa en recuperación tras una cirugía y una hospitalización.
Según el texto, las indicaciones médicas exigen «estricto reposo en cama y asistencia continua», y se advierte que cualquier medida que lo devuelva a prisión «lo expondría a riesgos que las autoridades encargadas de proteger los derechos fundamentales no pueden pasar por alto».
El eje central del documento es una crítica detallada a una reciente decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que aceptó examinar una queja presentada por la fiscalía contra la resolución que había sustituido la prisión preventiva por arresto domiciliario.
Para las ONG firmantes, esa intervención resulta incompatible con la arquitectura del nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF).
Según explica la declaración, el Código Procesal -a través de los artículos 53, 54 y 350- asigna las decisiones tomadas durante la etapa de investigación preliminar, como las referidas a medidas de coerción, a jueces con funciones de revisión, y «las excluye de la jurisdicción del Tribunal de Casación».
Ese diseño, sostienen, buscaba evitar disputas interminables sobre medidas cautelares y preservar la presunción de inocencia.
Al admitir y dar curso a la queja de la fiscalía, la Cámara de Casación habría abierto, según las ONG, «una vía procesal que el CPPF no contempla», exponiendo nuevamente a un imputado en delicado estado de salud «a la posibilidad de encarcelamiento».
El recurso presentado por la defensa de Rudnev, citado en el documento, describe cómo «se declaró admisible una queja sin fundamento legal», cómo la intervención de Casación entra en conflicto con el CPPF y con la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre medidas coercitivas, y cómo la resolución «carece de fundamentación adecuada y no respeta garantías constitucionales y convencionales», incluido el derecho a un recurso efectivo.
El marco del derecho internacional
El texto invoca además el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), incorporado a la Constitución argentina.
En ese sentido, se citan especialmente los artículos 14.2, que establece garantías para un juicio justo e imparcial, y 14.5, que protege el derecho a que una condena sea revisada por un tribunal superior.
Para las ONG, cuando la revisión de casación excede los límites fijados por el derecho interno, «la coherencia del sistema queda comprometida».
