De esta forma, el organismo conducido por Carlos Castagneto identificó que las autoridades de las firman no contaban con la capacidad económica para justificar los $ 5.000 millones acreditados en las cuentas que usaron para adquirir las divisas.
Además, una de ellas está afiliada a la obra social de trabajadores de casas particulares y la otra figura como empleado en relación de dependencia.
Respecto a las registraciones, las mismas empresas nunca fueron dadas de alta en el registro de importador/exportador, tenían movimientos económicos pocos relevantes, y en tan solo 4 meses manifestaron un crecimiento exponencial mediante acreditaciones bancarias con fondos que provenían de otras firmas fantasmas, presuntamente de origen ilícito.
La maniobra detectada consistía en simular el pago de importaciones de bienes que jamás se adquirieron o de servicios que nunca se prestaron para acceder al mercado oficial de divisas y posteriormente fugarlas del país.
Ante esta situación, la AFIP presentó una denuncia por lavado de activos agravado e infracción al régimen cambiario, y las incluyó en la base eApoc de comprobantes apócrifos.
