Mediante la resolución 58 publicada hoy en el Boletín Oficial del distrito, se dispuso que las productoras y productores rurales cuyas explotaciones hayan sufrido inundaciones «deberán presentar las declaraciones juradas en un período máximo de diez (10) días, a partir de la fecha de publicación de la presente resolución».
La medida alcanza, exclusivamente, a las productoras y productores «que desarrollen como actividad principal la explotación agropecuaria».
Así se promoverá el beneficio en favor de los sujetos detallados declarados en desastre respecto del Impuesto Inmobiliario Rural, correspondiente al inmueble destinado al desarrollo de la actividad principal citada y en proporción al porcentaje de la afectación de las explotaciones agropecuarias alcanzadas.
«La medida propiciada se fundamenta en la situación por la que atraviesan las explotaciones rurales, con motivo de fenómenos naturales adversos de carácter extraordinario, las que se encuentran en circunscripciones y sectores que si bien no presentan una afectación lo suficientemente densificada que justifique su inclusión en la figura de emergencia y/o desastre agropecuario, la magnitud de los perjuicios sufridos a nivel predio determinan su aprobación bajo el régimen de emergencia y/o desastre agropecuario con carácter individual», señala la resolución.
