El proyecto, entre otras cuestiones, establece también que se deberá informar a la UIF las operaciones de activos virtuales, lo que incluye además a las criptomonedas.
La iniciativa girada en junio pasado por el Gobierno será analizada a las 15 en un plenario de las comisiones de Legislación General, y Finanzas, que presiden los oficialistas Lucas Godoy y Alicia Aparicio.
El Poder Ejecutivo señaló que para su diseño se basó en estrategias regionales y se nutrió de instrumentos internacionales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que tiene por delante este año una revisión del rendimiento de la UIF.
El proyecto contempla diversas reformas al Código Penal y a ley vigente sobre prevención de activos y financiación del terrorismo, pero una de las más importante es que convierte a la Unidad de Información Financiera (UIF) en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.
Otro punto importante es que se amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF y en ese sentido se dispone la incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.
En los fundamentos se afirma que «se agregan al plexo de sujetos los proveedores de servicios virtuales en línea con los riesgos que representa la utilización de los activos virtuales, conforme estándar internacional vigente y glosario general del GAFI»
«En efecto, los activos virtuales representan un negocio en expansión en todo el mundo y han cobrado enorme relevancia económica en los últimos tiempos, conllevando riesgos para el sistema de prevención y lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas (LA/FT/FP)», sostuvo el Poder Ejecutivo en los considerandos.
La iniciativa advierte que las «transacciones con activos virtuales, permiten en instantes el movimiento transfronterizo de activos, involucrando entidades de diferentes países y facilitando la participación de jurisdicciones que podrían no poseer controles adecuados en materia preventiva, características que dificultan a los sujetos obligados la detección de operaciones sospechosas».
