La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el monto del millonario embargo impuesto a la constructora internacional Odebrecht en la causa donde se investiga el supuesto direccionamiento de licitaciones y el presunto pago de sobornos a funcionarios nacionales, informaron fuentes judiciales.
La Sala III del máximo tribunal penal desestimó por unanimidad el recurso de queja interpuesto por los abogados de la Constructora Norberto Odebrecht S.A. y, en consecuencia, confirmó la decisión que actualizó el embargo de ocho mil quinientos veintiocho millones ochocientos cincuenta y seis mil pesos ($8.528.856.000).
Los jueces Alejandro Slokar, Javier Carbajo y Gustavo Hornos decidieron «no hacer lugar a la queja interpuesta por los abogados representantes de Constructora Norberto Odebrecht S.A», según surge del fallo de cuatro páginas al que accedió Télam.
En la causa principal, radicada ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) 7 de la Capital Federal, se debe juzgar el supuesto direccionamiento de los procesos licitatorios para la construcción de las obras planta potabilizadora de agua de Paraná de las Palmas (ubicada en el partido de Tigre) y la planta de pretratamiento de residuos cloacales de Berazategui.
Esa maniobra se habría realizado con el fin de beneficiar a las UTE Odebrecht-Roggio-José Cartellone-Supercemento (UTE Odebrecht) y a la UTE Camargo Correa-ESUCO (UTE Camargo Correa) que resultaron ganadoras y adjudicatarias de las obras.
Según la acusación, exdirectivos de AySA (a los que se identifica en la causa como Carlos Humberto Ben, Oscar Raúl Biancuzzo, Carlos Alberto Di Somma, Carlos María Donnoli y Antonio Ernesto Caucino), supuestamente violando los deberes a su cargo y apartándose de los principios que deben regir las licitaciones públicas, habrían direccionado los procesos licitatorios con el fin de beneficiar a las UTE Odebrecht y a la UTE Camargo Correa que resultaron ganadoras y adjudicatarias de las obras.
Ello en virtud de un acuerdo supuestamente gestado desde el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación (del que formaban parte los exfuncionarios Julio Miguel De Vido, José Francisco López y Roberto Baratta, mencionados en la causa), cartera que tenía bajo su órbita de competencia a dicha sociedad estatal.
Junto a los exfuncionarios se encuentran imputados y a la espera del juicio oral los empresarios Tito Biagini (expresidente de José Cartellone e Hijos SA), Aldo Benito Roggio (presidente de Benito Roggio e Hijos SA), Carlos Wagner (presidente de Esuco SA) y Jorge Rodríguez, quien -de acuerdo con el expediente- se habría valido de la firma «Sabrimol Tranding S.A.» para supuestamente disimular y canalizar los pagos indebidos remitidos por la empresa brasileña Odebrecht a fin de ser destinados para el pago de coimas a los funcionarios públicos locales.
