En un comunicado que firma la presidenta de la entidad bonaerense, Alejandra Gómez, se advierte que «desde hace una semana hay serias distorsiones en la cadena de comercialización de medicamentos que comienza con los laboratorios productores (que fijan los precios) y continúa a través de droguerías y distribuidoras, hasta llegar a las farmacias».
«A raíz de la coyuntura política, o por mera especulación, algunas de estas empresas pusieron tope a la cantidad de unidades de medicamentos que le venden a las farmacias, modificaron desfavorablemente las condiciones de compra y plazos de pago, recortando los recursos de las mismas, que en su mayoría son unipersonales o familiares, y afectando la posibilidad de seguir brindando un servicio de calidad a nuestros pacientes», sostuvo el texto.
«Para agravar la situación, la mayoría de las obras sociales mantienen plazos de pago ajenos a la crisis inflacionaria actual, con tiempos que van desde 45, 60 y hasta 90 días, un factor que impacta negativamente en la economía de las farmacias y hace inviable la atención a sus afiliados», según se informó.
Por eso, la carta difundida por Gómez remarcó que «de mantenerse estas nuevas imposiciones comerciales y los tiempos de pago de la seguridad social (obras sociales y prepagas) peligra seriamente el servicio farmacéutico, la atención a la comunidad y la cadena de pago».
