Un hombre de 55 años fue hallado sin vida este martes en la localidad de Villa Elisa, en la zona de calle 8 entre 406 y 407. Trascendió que se trata de Guillermo Alfredo Bellingi, ex subdirector general de la Procuración General de la Nación.
La causa quedó caratulada como “averiguación de causales de muerte” y se investiga, entre otras hipótesis, la de una lesión autoinfligida. Por el momento no hay confirmación oficial sobre las circunstancias del hecho.
Cinco meses antes, en abril, la Corte Suprema de Justicia había rechazado un recurso presentado por Bellingi contra su exoneración de la Procuración.
Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon inadmisible el planteo con fundamento en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, lo que dejó firme la sanción y cerró la vía judicial en el fuero contencioso administrativo.
El nombre de Bellingi quedó asociado a una investigación por la compra, en 2013, del edificio ubicado en Perón 667, destinado a las oficinas de la Procuración General de la Nación durante la gestión de Alejandra Gils Carbó.
Como subdirector general de la Procuración, Bellingi intervino en la licitación para adquirir el inmueble, por el que el organismo pagó 43,85 millones de pesos. Según una investigación publicada por Infobae, durante el proceso se modificó una condición del pliego que terminó favoreciendo a la firma que resultó adjudicataria.
La operación involucró a la empresa Arfinsa, del Grupo Bemberg, que vendió el edificio, y a la inmobiliaria Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios, que recibió una comisión de 7,7 millones de pesos. De ese monto, tres millones fueron destinados a Juan Carlos Thill, un productor de seguros de La Plata que era medio hermano de Bellingi, en concepto de asesoramiento para la licitación.
La investigación sostuvo que Thill había tenido acceso a información vinculada con el proceso licitatorio antes de que fuera pública. Según la documentación citada por Infobae, habría enviado a la inmobiliaria una copia del pliego antes de su publicación y brindado precisiones sobre las fechas de la licitación.
Parte de esas comunicaciones quedaron registradas en correos electrónicos. Además, Bellingi había mantenido contactos con quienes finalmente resultaron adjudicatarios y, según la investigación, intervino para que no se exigiera el certificado fiscal como condición para presentarse a la licitación.
La aparición de la factura por los 3 millones de pesos cobrados por Thill llevó a que, en 2017, Gils Carbó apartara a Bellingi de su cargo y ordenara el inicio de un sumario administrativo. El funcionario también quedó imputado en la causa penal que investigó la operación.
