La muerte de la joven ocurrió en una casaquinta ubicada en la calle 520, entre 159 y 160, en las afueras de ciudad de La Plata, donde se desarrollaba una fiesta privada que no contaba con habilitación municipal y fue difundida en las redes sociales como «La Frontera, el límite lo ponés vos».
Las autoridades municipales labraron actas para que los organizadores no realicen la fiesta, que en aquella madrugada fue clausurada pero sin desalojo.
Según distintos testimonios, en la fiesta no hubo guardavidas, ni asistencia médica y la joven murió ahogada en una piscina donde había muchas personas.
La causa se encuentra radicada en el Tribunal Oral Criminal (TOC) 3 de La Plata y los acusados de «homicidio simple con dolo eventual, en concurso real con el delito de desobediencia en dos oportunidades» son los empresarios Carlos Bellone, Raúl «Peque» García, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure.
De acuerdo a la elevación a juicio, Bellone está acusado porque era el dueño de la casaquinta, Piedrabuena y Haramboure como los organizadores de la fiesta clandestina y García por ser quien consiguió las bebidas alcohólicas que se consumieron aquella noche.
En la causa, los empresarios imputados serán juzgados por el delito de «homicidio simple con dolo eventual y desobediencia», de acuerdo con la acusación que hizo la fiscal penal Ana Medina en la instrucción de la causa.
También debería ser juzgado el comisario Daniel Piqué, que en ese momento estaba a cargo de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad, por el delito de «incumplimiento de los deberes de funcionario público».
La acusación oficial estará en manos de la fiscal Silvina Langone, mientras que los abogados que representan a la familia de la joven son Ignacio Fernández Camillo y Adrián Rodríguez Antinao.
En tanto, las defensas estarán a cargo de los abogados Marcelo Peña (Haramboure), Alejandro Montone y Juan Di Nardo (Piedrabuena), Alfredo Gastón y Miguel Molina (Bellone y García).
Si bien en la causa estuvo imputado Piqué, acusado del delito de «incumplimiento de los deberes de funcionario público», la Cámara de Apelaciones dictó su sobreseimiento.
Esa resolución fue recurrida ante Casación bonaerense que confirmó la elevación a juicio oral para el excomisario. En diciembre pasado, la Suprema Corte provincial avaló lo dictaminado en Casación, pero la defensa del exfuncionario puede apelar ante la Corte Suprema, por lo que su presencia no está garantizada en este debate.
