El juez federal Federico Villena ordenó un procedimiento clave en las oficinas de Fernando Martínez, director del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
La justicia investiga una presunta red de cartelización en el suministro de alimentos para los presos del penal de Ezeiza, pero el operativo quedó envuelto en una polémica maniobra del funcionario con su teléfono celular.
La causa apunta a irregularidades en las licitaciones y la entrega de raciones de comida deficientes o directamente no aptas para el consumo. Martínez, en el cargo desde el inicio de la gestión libertaria en 2024, es el principal investigado en este esquema de supuesta complicidad con empresas proveedoras.
El momento más tenso del allanamiento ocurrió cuando los funcionarios judiciales solicitaron el teléfono móvil del director. Martínez entregó un dispositivo que no utilizaba con frecuencia y alegó que su celular de uso diario se había «extraviado» esa misma mañana.
El peritaje ordenado de urgencia determinó que el celular «perdido» tuvo actividad apenas una hora antes de que la policía llegara a las oficinas en el barrio de Barracas.__IP__
Al respecto, los investigadores sospechan que Martínez recibió un aviso previo sobre el allanamiento, lo que le habría permitido deshacerse del aparato que contiene información clave para la causa.
La investigación del juez Villena busca determinar si existe un acuerdo ilícito entre funcionarios del SPF y un grupo selecto de empresas para monopolizar el servicio de catering en las cárceles federales. Las denuncias sobre comida en mal estado fueron el punto de partida de un expediente que ahora escala hasta la cúpula del organismo.
