A partir de la intervención de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), comenzaron a conocerse reclamos y denuncias por la falta de servicios médicos y de entrega de medicamentos de parte de los afiliados.
Las cuentas bancarias de OSPRERA en todo el país fueron bloqueadas, lo que provocó la interrupción de la cadena de pagos que sostiene la asistencia médica de los beneficiarios, informó el gremio.
Los inconvenientes afectan tanto a los tratamientos ambulatorios como los oncológicos y los de alto costo en las sucursales de todo el país, donde se atienden unos 700.000 trabajadores rurales y sus respectivas familias.
La crisis en la obra social comenzó el 26 de octubre pasado, cuando la Superintendencia de Servicios de Salud emitió la resolución N°Nº-3.948/24, mediante la cual dispuso destituir al Consejo Directivo de OSPRERA, que había asumido en julio, luego de 15 meses de intervención judicial y con un mandato aprobado por el propio organismo gubernamental.
La intervención tuvo lugar casi dos meses después del desembarco en la obra social de los interventores y se realizó en medio de acusaciones por irregularidades, ya que se formalizó fuera del horario administrativo, lo que impidió el derecho a la defensa, y por pedido de un juez que terminó apartado por incompetente.
A lo largo del mes y medio que lleva la intervención, la obra social ha recibido cientos de reclamos, pedidos y denuncias por cortes generalizados de servicios médicos y, principalmente, por la ruptura del circuito de dispensa y provisión de medicamentos.
Según el gremio, la intervención «incumple con lo suscrito desde OSPRERA» para garantizar la cobertura prestacional: hay pacientes con enfermedades crónicas, oncológicas, epilepsia, insuficiencias renales, esclerosis múltiple, discapacidad, parálisis cerebral y trasplantados o a la espera de trasplante que corren grave riesgo de vida por la interrupción de los tratamientos médicos que les corresponden.
